El fin de los tiempos (de holgura fiscal)

Con cifras anualizadas a febrero pasado, el Gobierno central gastó US$ 41,773 millones y registró un forado o déficit fiscal de US$4,475 millones. Nótese: apenas estamos hablando de una porción del Ejecutivo. No incluimos el monto —grosso modo similar— que gastó el resto del Gobierno general y las empresas públicas financieras y no financieras. Este hueco del Gobierno central se cubre puntualmente emitiendo adicionalmente deuda pública externa e interna, a costos financieros implícitos fluctuantes alrededor del 6% anual. Un costo financiero propio de la deuda soberana basura (o junk bonds).

En español sencillo, la burocracia vizcarrista (sector público) gasta mucho —cerca de un tercio del PBI— básicamente en gasto corriente, mientras nos endeuda a un ritmo elevado y costo financiero más que poco aconsejable. Lo sugestivo acá pasa por reconocer que apenas el 12.2% del total efectivamente gastado se asignó en inversión pública y el 5.0% —gracias al reperfilamiento de gestiones pasadas— se asoció a pagos por intereses de deuda pública. El resto de lo gastado el último año (el 82.7%) fue, pues, pachanga burocrática.

Y todo esto haciendo gala de deplorable calidad en el grueso de los servicios ofertados (en seguridad ciudadana, servicios judiciales y de salud o educación pública) y de poca transparencia (corrupción burocrática) e ineficiencia a rajatabla y por pliego. Por otro lado, colocando el pie de la burocracia en la yugular de los contribuyentes, no es sorprendente que la recaudación tributaria crezca anualmente 13.1%, ni que en lo que va de la gestión PPK-Vizcarra, la Inversión privada esté virtualmente paralizada (creciendo al promedio de 0.8% anual).

Así las cosas, no es difícil encontrarnos con almas de Dios que creen que el manejo fiscal actual es óptimo porque el déficit fluctúa alrededor del 3% del PBI, y la deuda pública se ubica rozando el límite legal de un tercio del producto. Estas almas de Dios creen que deprimir inversiones con mayores impuestos es lo correcto, y jamás se referirán a la baja calidad de gasto o a los altos índices de corrupción burocrática recurrentemente registrados.

Sí, estimado lector, a pesar de lo que las cifras grafican, un Ejecutivo frágil, diría yo desesperado por seudo legitimidad o popularidad, y acompañado de un Congreso en descomposición, gasta a ritmo de saqueo fiscal. Estos tiempos se develan si descubrimos desenfadadamente algunas facetas del manejo fiscal bajo ciertos episodios.

El primero de ellos nos refiere a (tapar los errores) asociados al nuevo aeropuerto en Chinchero. Un incidente que grafica la incapacidad de una burocracia que no parece haber siquiera leído su propio contrato original. Y que, a través de una extraña adenda, introduce la base para un costoso litigio, que actualmente algunos quieren impulsar o maquillar haciendo el aeropuerto como una obra pública. ¿Se imagina usted cuánto nos costará fiscalmente el aeropuerto de marras y cuánta ineficiencia y corrupción podría registrarse por este hoy popular camino?

El segundo nos podría referir a un autosubsidio. La semana pasada, bajo una apresurada coordinación entre el Legislativo y Ejecutivo, el primero aprobó el texto de la Comisión de Cultura sobre la Ley de Promoción de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, que ampliará los fondos destinados para subsidiar privados dedicados al Cine en el Perú de 2,000 a 6,000 UIT. De estos recursos, el 40% deben ser destinados a incentivar la actividad cinematográfica privada en regiones. Un malvado podría decir: el grueso para los directores barranquinos y un cachito para los provincianos.

Eso sí, subsidiando agrupaciones políticas, reflotando bancos estatales, asumiendo los costos fiscales de cuanta propuesta violentista aparezcan en escena (Las Bambas, et al), usar fondos de las postas, hospitales, colegios o comisarías para subsidiar —léase: inventarle utilidades— a quienes produzcan películas que previsiblemente nadie querrá ver resulta algo por lo menos cuestionable. Agreguémosle aquí que dado que el presidente del Consejo de Ministros se dedica a este rubro, las tremendas sombras de conflicto de intereses deberían llevar a una lógica observación en los días venideros.

Rebobinando: no olvidemos que estos ya no son tiempos de holgura fiscal con márgenes para el dispendio politiquero. Hoy —a menos que queramos abandonar adicionalmente comisarias, colegios y hospitales— no hay recursos para el dispendio de costo indefinido; ni para consultorías sobre educación sexual o de género ideológicamente cargada; ni para favores a privados influyentes y productores cinematográficos con afinidad ideológica al gobierno de turno.