El contrato para la prolongación de la Vía Expresa

La decisión del alcalde de Lima, Jorge Muñoz —que anuló unilateralmente el contrato con la empresa Graña y Montero para la ejecución de la obra “Prolongación de la Vía Expresa”— no se debió, en realidad, a las declaraciones del señor Barata en Brasil (en las que ratificaba la existencia del “Club de la Construcción”), sino a la andanada de críticas que hubo de diversos sectores sobre una supuesta sobrevaloración de esta obra. El alcalde no supo responder a las críticas realizadas en el Concejo Metropolitano ni a las opiniones de técnicos e instituciones.

Se ha reavivado así el debate sobre los límites existentes entre la deliberada voluntad de sobrevaluación de una obra y los parámetros normales existentes que subyacen en un proyecto de inversión —sobre todo en la modalidad de asociaciones público privadas— a lo que se denomina sobrecostos. La crítica principal que se ha hecho al anulado contrato estriba en que la construcción de vía sería una de los más caras del mundo, a razón de US$ 27,000 cada metro cuadrado. En contraste con Chile, donde el costo es de US$ 1,400; mientras que en España y Argentina el valor es de US$ 1,000. La inicial intención del burgomaestre de construir una obra sobre una extensión de cinco kilómetros, en la que se tendría que pagar peaje dos veces, hizo recordar la famosa y cuestionada vía que construyó Alex Kouri sobre una distancia similar en el Callao.

Sin embargo, los defensores del contrato firmado, y luego anulado unilateralmente, señalan que en todas las obras de ingeniería existen sobrecostos, puesto que provienen de caracterizaciones aproximadas de los proyectos, antes de su inicio, versus la realidad del terreno, el entorno y los factores de diverso tipo que se presentan durante la ejecución. Si estos sobrecostos son necesarios y están incorporados en la obra no constituyen delito. Las obras realmente ejecutadas pueden ser verificadas numéricamente y con todo detalle, confrontando la liquidación final de la obra versus lo realmente ejecutado en el terreno. Y de otro lado, existen los mecanismos de control a través de comparaciones internacionales de obras semejantes ejecutadas en terrenos similares o peritajes de auditorías técnicas que puedan realizarse luego de concluidas las obras.

Según la anterior opinión, se estaría entonces ante una peligrosa estigmatización, al no darle el verdadero sentido a la palabra sobrecosto, derivado de los instrumentos de su formalización contractual reconocida por ley. Esta situación se estaría constituyendo en uno de los principales factores para el bloqueo de cerca de siete megaproyectos en Lima. De hecho, quienes participan en la elaboración de estos proyectos con honestidad y profesionalismo no quieren correr el riesgo, en el futuro, de verse perjudicados por actos correctos efectuados en el ejercicio de su profesión. Lo incorrecto y delictivo que haya ocurrido en la obra debe sancionarse, pero solo cuando existan las pruebas fehacientes de dolo y negligencia; y no son objeto de sanción cuando obedezcan a opiniones serias basadas en conocimientos, experiencia y criterio profesional. Solo así se puede garantizar la inversión y la vida de los usuarios, respetando los principios de funcionalidad, resistencia, durabilidad y seguridad que éticamente debe cumplir el ejercicio profesional de la ingeniería.

De lo que se trata es de diferenciar entre sobrecostos productivos y sobrecostos improductivos. Los primeros generan los beneficios y la seguridad necesarios en los proyectos, mientras que los segundos son aquellos que ocurren como consecuencia de la pérdida de tiempo y trabas, por no tomar decisiones. Los sobrecostos improductivos solo ocurren en obras públicas y no en las privadas por obvias razones. Si consideramos que los costos de construcción escalan naturalmente entre 3.5% a 4.5% anualmente, una postergación o demora de tres años, que no es infrecuente, implica un escalamiento de costos del orden del 11% al 12% sobre la inversión, amén de los costos y perjuicios por no disponer de la infraestructura ni contar con el servicio que prestan durante todo este tiempo perdido. Ese sí es un sobrecosto improductivo, que en el sector público debería sancionarse como se hace en el sector privado.

Cobra por eso sentido la reciente decisión de la Contraloría General de la República de llamar la atención sobre el inmenso número de proyectos que están trabados y generando este perjuicio grave al Estado y a los ciudadanos. El ente de control ha propuesto medidas de excepción para reactivar y concluir proyectos de inversión que hayan avanzado más del 80% y que estén trabados. Y es que el umbral debería ser menor y aplicarse a partir del 66% (dos tercios ejecutados); y por cierto, también dar un trato especial a aquellos proyectos de gran impacto que no alcancen estas cifras y cuya demora resulte muy crítica para el país.

Después de todo, en la decisión de dejar sin efecto el contrato para la construcción de la prolongación de la Vía Expresa de todas maneras la ciudad perderá por doble partida. En primer lugar, porque lo más probable es que Graña y Montero lleve el caso a un litigio internacional, con lo cual la comuna metropolitana pagaría una penalidad millonaria, cercana a la sobrevaloración que se critica. En segundo lugar, porque la obra ya no podrá realizarse en el corto plazo y tardará su relanzamiento por lo menos dos o tres años, privando a los ciudadanos del sur de Lima de una nueva opción vial para aliviar el congestionamiento vehicular.

La situación ocurrida con el bloqueado proyecto de prolongación de la Vía Expresa deja pendiente un problema en la capital. La paralización de varios proyectos por casos de corrupción o en estado de litigio, situación que ensancha la brecha de déficit de infraestructura de la ciudad, que según diversos especialistas asciende a la cantidad de US$ 52,000 millones. Frente a esta situación es urgente que tanto el Gobierno nacional como el metropolitano definan una estrategia financiera y contractual para evitar que siga creciendo el embalse de proyectos de inversión que no pueden ejecutarse, con las consecuencias sociales y nuevos sobrecostos que inevitablemente aparecerán por la pérdida de tiempo y el aumento de precios.