El camino torpe, fácil y popular en un ambiente mayoritariamente informal

 

El ministro Tuesta está molesto: quiere elevar los impuestos y algunos lo critican. Le dicen que su salida —frente a un déficit fiscal incontrolado— es muy torpe. Puede ser popular, en un ambiente donde el grueso de la gente no paga impuestos, pero difícilmente funcionará. Y es que el ministro omite varias cosas. La primera implica un punto clave en el arte de recaudar más. Y este nos lleva a reconocer que para hacerlo poco importan la retórica, las intenciones y hasta el grado de desesperación (por gastar) del hacedor de política económica.

Recaudar más implica mucho más que solo elevar una tasa impositiva, ajustar sus modalidades de cobro, o ampliar su público de aplicación. Todos estos pasos pueden resultar efectivos, pero también inútiles e incluso contraproducentes. Para recaudar más es menester tener en consideración planos económicos y administrativos, pero también planos políticos, todos tremendamente relevantes.

En materia económica, en primer lugar, importa la naturaleza del impuesto (ad valorem, a suma alzada, al valor agregado, etc.). Algunos de ellos, como los impuestos a la renta o a las transacciones bancarias, pueden tener esquemas recaudatorios complejos y, a pesar de ello, tener predictores (estadísticamente hablando). En nuestro país, por ejemplo, dada su complejidad legal, la cantidad de exoneraciones y tratamientos especiales (políticamente muy populares), las tasas pueden resultar poco relevantes. No pocas veces se elevan mientras que se incrementan las exoneraciones, no encontrándose por ello mayor asociación entre una elevación de la tasa y la recaudación.

De hecho las recaudaciones de algunos impuestos (IGV por ejemplo) no presentan mayor conexión estadística con sus tasas. Aunque sí con variables como precios externos, inflación, tipo de cambio real y —por supuesto— niveles de actividad económica. Esto nos recuerda que mucho de la recaudación es endógena. No depende de los afanes o rabietas de los gobernantes de turno.

Igualmente, dado lo elevado de la ilegalidad tributaria, la recurrencia de prácticas tributarias desesperadas —tales como la aplicación de tasas muy altas a las ventas de algún insumo limitante, digamos a derivados del petróleo— lo complica todo, haciendo que la conexión entre recaudación y tasa pase a ser aún más difusa o acaso inexistente. Así, un gobernante exasperado por gastar o cerrar una brecha fiscal por el camino fácil puede intentar recaudar a como dé a lugar. Por ejemplo, castigando (elevando tasas) a su iluminada discreción el consumo formal de bebidas alcohólicas y gaseosas. El detalle aquí pasa por ignorar que solo se castiga la oferta formal de estos productos.

Así las cosas, el efecto previsible de la medida implica mayor informalidad, menor recaudación por este concepto (al incentivarse la oferta que no paga impuestos) y también, un daño mayor a la salubridad pública en el futuro, dada la también previsible sustitución de consumo formal por consumo ilegal o subterráneo de las bebidas aludidas. Si en este caso, elevamos paralela y notablemente las cargas tributarias por concepto de Impuesto a la Renta de personas naturales, así como la tasa del IGV por consumo de combustibles (producto de demanda inelástica), la probabilidad de tan indeseable desenlace se hace mucho mayor.

Al subir impuestos además se enfrenta una restricción adicional: la administrativa. ¿Puede la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria proscribir efectivamente una oferta ilegal (por producción local o contrabando) significativamente más rentable que la formal? La respuesta basada en nuestra historia reciente es negativa.

Pero he dejado al final el tremendo efecto político de este paquetazo tributario (me refiero aquí a la combinación de medidas tributarias sobre rentas y ventas) aplicado en los últimos días. Los impuestos resultan parte fundamental de la política económica de cualquier nación moderna. Aplicarlos en forma técnica y predecible sobre un manejo presupuestal transparente y asignado por resultados es lo razonable. Hacerlo de manera apresurada y sin el acompañamiento de un manejo presupuestal transparente y asignado responsablemente implica un error elemental.

El efecto político es directo, desde los tiempos de Herodes. Hace rápidamente impopular al Gobierno. Pronto descubriremos que nos quitan más para mantener un statu quo deplorable. No faltarán, sin embargo, almas bien intencionadas o sectores que no pagan tributos (los informales) que simpatizarán con elevar cargas tributarias. Esto aunque estemos hablando de más cargas a las personas y empresas para financiar un aparato estatal irresponsable y gastador.

Y recordémoslo: esto implica elevar los castigos a la inversión dentro de un colapso de la inversión privada de cuatro años consecutivos. Sí, este paquetazo tributario va a golpear duramente la economía en los meses venideros para que el señor Vizcarra y su equipo gasten cada vez más.

Pero este monumento al fracaso tributario tiene un corolario difícil de esconder. Si el paquetazo tributario no resulta efectivo (como es previsible, aún con precios externos al alza), y si también los afanes de reducción del gasto resultaran fallidos, encontraremos que el déficit fiscal continuará expandiéndose. Mucho ojo con el paso siguiente. Tomar los ahorros previsionales privados.