Desinformación deliberada en contextos electorales

La Relatoría para la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos, recientemente ha hecho pública la “Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contexto electorales”. Cumple así con el mandato de la Asamblea General, que solicitó el análisis de este fenómeno que puede llegar a afectar la legitimidad y el funcionamiento de una sociedad democrática. En las líneas siguientes, les entregó un breve resumen de los principales conceptos y planteamientos contenidos en la Guía, y los animo a leer el texto completo por ser de total actualidad. El documento ha sido tomado de la página web de la OEA y puede ser descargado en forma libre(1).

El concepto de “desinformación deliberada”, se configura cuando se hacen públicos, en redes sociales y medios de comunicación, hechos o datos que carecen de veracidad y que tienen por objeto distorsionar el debate público dentro de un proceso electoral. Con ello se genera polarización y viralización, aunado a que no se puede distinguir entre la publicidad electoral y la comercial. Una situación que afecta seriamente el intercambio político de ideas, las libertades personales y el normal funcionamiento del sistema democrático. 

En el informe de la Relatoría, constituye cuestión central para entender el fenómeno, lo que se denomina “la motivación”. Un rubro en el cual se sugiere la presencia de actores diversos que van desde estados extranjeros interesados en lograr una incidencia en el resultado electoral, hasta razones económicas y políticas que potencian el fenómeno de la difusión de noticias falsas, para lo cual se utiliza la publicidad digital y a los medios de comunicación que replican la información. 

La difusión maliciosa suele ser de tal intensidad, manteniendo en el anonimato al autor, que los mecanismos tradicionales del Estado para detectar y sancionar dicha situación pueden afectar la circulación de información interés público que sustenta el debate. Por ello, se aconseja utilizar medidas de naturaleza auto regulatoria, como son: ofrecer herramientas para verificar y contrastar la información, coordinar la depuración de datos con las empresas de internet, y así evitar un impacto negativo en el ejercicio del derecho de libertad de expresión. 

Determinar que el contenido de una noticia es ilícito o falso constituye una tarea que requiere analizar la evidencia disponible. Y el problema mas fuerte se presenta cuando la información es ambigua. Ante la duda, las plataformas de Internet al realizar el proceso de verificación, adoptan decisiones de no difusión de “la noticia” generando el fenómeno de la censura privada, que también afecta el libre debate público. 

Ante ello la Relatoría de Libertad de Expresión recomienda establecer marcos regulatorios que responsabilicen a los intermediarios por los contenidos producidos por terceros, pero sin recurrir a mecanismos penales. También fortalecer las normas de protección de datos personales y regular la transparencia en publicidad electoral. 

Las recomendaciones a los funcionarios públicos, parten de recordar las responsabilidades especiales que les atañen por ser actores centrales del debate político. Para combatir la desinformación se plantea cuidar los comentarios públicos, que deben ser precisos, evitando la estigmatización o etiquetas, tanto de las personas como de los medios de comunicación, para no socavar el respeto que ambos merecen. 

El informe recuerda que corresponde a las Autoridades Electorales, cumplir con el rol de desarticular las campañas de desinformación en contextos electorales, para lo cual deben utilizar los marcos legales que sancionan dichas prácticas, capacitar a su personal en forma adecuada y promover la cooperación de múltiples actores interesados, como son los convenios con las plataformas de internet y empresas de comunicación. 

A las empresas intermediarias les plantea hacer públicos los criterios que utilizan para dar de baja a ciertos contenidos. Y en especial garantizar la transparencia de la publicidad política, indicando su origen y sobre todo su financiamiento, así como revisar las políticas sobre bots y otras herramientas de publicidad automática, para evitar la difusión de información falsa. A los medios de comunicación y periodistas los invoca a fortalecer la constatación previa de la información que proporcionan, recordando que en una sociedad democrática les toca cumplir el rol de canalizar el debate público, para lo cual deben realizar periodismo de investigación, mantener independencia electoral con cierta objetividad. 

Hasta aquí el resumen. Ahora toca pensar sobre nuestro país, que afronta un proceso electoral en el cual urge tomar nota de las recomendaciones vertidas, para evitar que las fake news, mejor llamadas “desinformación deliberada”, distorsionen y polaricen la discusión política, que en tan corto tiempo debemos realizar e, impidan una adecuada selección de los nuevos congresistas. En tal sentido, urge que el Jurado Nacional de Elecciones precise cuáles van a ser las reglas para la propaganda política en medios tradicionales, pero sobre todo las aplicables a las plataformas digitales y, determinar la sanción a aplicar, en caso se corrobore la difusión de falsa información.

1 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/Guia_Desinformacion_VF.pdf