Cuatro veces “no”, más fuerte

 

Lo que estará en juego el próximo domingo implica mucho más que responder las cuatro interrogantes planteadas en la consulta popular. Para apreciarlo, nada mejor que recordar que lo que se nos está pidiendo configura cuatro significativas alteraciones a la Constitución vigente. Y que esto, desde el punto de vista económico, no implica un cambio menor sobre asuntos populares o demagógicos. Como toda alteración significativa de la Constitución, se abre la puerta a cambios económicos mayúsculos (o a su reversión completa, máxima prédica de la izquierda local). Y esta eventualidad, implica un cambio institucional incierto e indefinido para todos.

Para evaluar debidamente lo que está en juego sirve recordar que las políticas económicas pueden tener diferentes periodos de influencia o maduración. Algunas afectan patrones de gasto gubernamental o privado, inyectan o contraen liquidez, afectan el lado institucional —vía incentivos o la intervención estatal (regulación)—; mientras que otras nos endeudan o regulan el endeudamiento de privados. Todas requieren de un marco legal que posibilite su accionar. La Constitución Política del Perú acota justamente este marco institucional.

Económica y socialmente hablando, una Constitución Política nunca es inocua. Cuando es lúcida, es marco legal, causa resiliente y catalizador de progreso social. Cuando turbia o demagógica, es marco de atraso, corrupción y totalitarismo. No existe dictadura hedionda en la región que no haya requerido una Constitución Política abyecta, a su medida.

De hecho, la también espuria Constitución Política de 1979 (que enraizó las desastrosas ideas económica de la dictadura militar de 1968), no solo encubrió innumerables latrocinios a nombre del socialismo, sino que explicó —en su periodo de vigencia, teniendo en cuenta su influencia como dictadura cuanto bajo gobiernos elegidos— el mayor y más notable retroceso económico nacional en su historia. A fines de los ochenta no solamente nuestra tasa de inversión privada fue muy cercana a la tasa de depreciación, atravesamos la hiperinflación más longeva y destructiva de aquellos tiempos, mientras nuestro producto por habitante llegó a ser menor a un tercio del chileno.

¿Pero cómo es así que algo —la Constitución Política— que muchos asumen como ignoto o poco relevante (ámbito ideal para la retórica, las buenas intenciones y la introducción de derechos que no podemos solventar) resulta tan importante, económicamente hablando?

Todo pasa por entender lo que los estudios económicos de las Constituciones Políticas nos han venido descubriendo en los últimos años: la relación entre las instituciones políticas y el desempeño económico es un ámbito fundamental de la gestión económica de un país. Esto no solamente es relevante en el capítulo o acápite en el que se habla del llamado régimen económico de la constitución. Es relevante desde el primer artículo hasta la última de sus disposiciones transitorias. Todas implican tributos, endeudamientos o incentivos. Y todas generan una retroalimentación.

Es además muy útil analizar que el vínculo causal va en ambas direcciones: las instituciones bien diseñadas pueden mejorar el desempeño económico, pero algunas instituciones pueden ser viables o efectivas solo en niveles específicos de desarrollo económico. Para ello es útil visualizar algunos detalles. La constitución debe garantizar que los políticos sean responsables de sus acciones y que exista un mecanismo para expulsarlos de su cargo. Cuando no existen incentivos que castiguen efectiva y transparentemente la corrupción burocrática, esta campeará. Tal como sucede hoy en nuestro país.

Asimismo, toda sociedad requiere de un marco institucional (capitalista, si se desea progresar) que sea relativamente estable e inmune a la manipulación estratégica. Aquí, la popularidad es el último ingrediente que una reforma constitucional debería tener. La provisión de derechos básicos no debe estar a la merced de cambiar mayorías. Al lograr la estabilidad del marco básico, la Constitución desalienta la búsqueda inútil de rentas.

Dentro de estas reflexiones resulta crucial la consistencia económica. Las ideas de la izquierda mercantilista, como las que inspiraron la dictadura militar velasquista y los gobiernos democráticos regidos por su Constitución Política, registraron desempeños económicos destructivos (aniquilaron la inversión privada, hicieron uso extensivo de las recaudación inflacionaria, expropiaciones, controles de precios demagógicos y prostituyeron la incipiente institucionalidad peruana previa a 1968). Además, aquí la estabilidad, y no el carácter manipulable del sistema político, es necesaria para garantizar la rendición de cuentas. Este mismo evento nos recuerda que la Constitución Política debe facilitar y alentar la libertad económica a largo plazo, al protegerla contra los abusos de la burocracia de turno, la legislación retroactiva y los impuestos,m y contra la expropiación sin una compensación total.

Y finalmente, el compromiso previo constitucional puede prevenir el suicidio económico. Una constitución rígida puede ocasionalmente socavar tanto la seguridad como la eficiencia, a pesar de los buenos efectos generales. Aquí se pueden instituir facultades restrictivas de designación o destitución para impedir que los jueces y los gobernadores de los bancos centrales promuevan puntos de vista a ultranza.

Hecha esta espinosa reactualización en carne propia de la importancia de lo que realmente estará en juego este domingo (los invito a deplorar la candidez), este referéndum no es un ejercicio inocente o una válvula de escape popular y justiciera. Es abiertamente un paso significativo hacia el desmantelamiento o desaparición fáctica de la Constitución Política de 1993 y de su marco institucional. Los defensores de las ideas socialistas-mercantilistas, bajo el penoso liderazgo de un presidente rehén, creen que ya les ha llegado el momento de recuperar sus prebendas y privilegios, con la también penosa complicidad de las mayorías que —como siempre— terminarán pagando las facturas, con hambre, atraso y frustraciones. En este referendo y sus cuatro populares modificaciones constitucionales el Perú se juega su destino mucho más seriamente de lo que se cree.

Ejerzamos la ciudadanía. Aunque mucha gente piense que pedir esto escapa de nuestras capacidades actuales como nación. Ojala que ellos estén muy equivocados.