Cuando la prisión preventiva asoma en la cúspide

Conforme las investigaciones del caso Lava Jato en el Perú, muestran descarnadamente el alto grado de compromiso de gran parte de las élites de nuestra clase política, el discurso de sus representantes se vuelve más errático, contradictorio y desesperado. Mientras la labor de los fiscales peruanos es admirada a nivel internacional, un sector de políticos y constitucionalistas, están en una ofensiva para lograr la mediatización de la prisión preventiva.

Fueron ellos mismos los que aplaudieron el uso de la prisión preventiva para Gregorio Santos, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Cesar Álvarez, diversos ex alcaldes y ex presidentes regionales; pero ahora, cuando esa medida extraordinaria toca las puertas de la cúspide de la clase política, muestran una abierta oposición. “¡Para ellos estuvo bien, pero para mis notables amigos, de alta alcurnia, no!” parece ser su lema. “¡Estamos ante una dictadura en el sistema judicial!”, vociferan por todos lados.

La prisión preventiva, aprobada hace 15 años —desde que en el 2004 se promulgó el nuevo Código Procesal Penal, por el Decreto Legislativo Nº 957—, se viene ejecutando desde hace 10 años. Incluso, esta medida excepcional estuvo ya vigente en las épocas del derecho inquisitivo. Pero, ahora, pese al tiempo transcurrido, cuando toca las entrañas de la cúspide de la clase política, se vuelva una amenaza; mientras que, en las cárceles del Perú de hoy, hay (según el INPE) cerca de 35,000 presos por el mismo procedimiento extraordinario, sin que nadie los haya defendido durante décadas, pese a que los plazos están largamente vencidos.

Debería causar consternación si la prisión preventiva fuera la de alguna mujer violada que, defendiéndose, hirió de muerte a su agresor; o del hijo que, defendiendo a su madre, disparó a un asaltante en defensa propia. Hubiera sido justo que alguien levantara primero la voz reconociendo que hay un porcentaje alto de personas privadas de su libertad y sin condena, pues eso demostraría que hay una voluntad sincera de cambio, pensando en el interés general. Pero las élites limeñas no se conmueven de esos dramas, se conmueven solo por sus propias tragedias y abogan por que los poderes del Estado revisen la aplicación de la prisión preventiva, para beneficio de unos cuantos.

La verdad de la milanesa es que el cuestionamiento a la detención preliminar y la detención preventiva surge porque políticos investigados por corrupción han sido privados de su libertad, y se intenta construir un relato en el que supuestamente reina la arbitrariedad en la justicia peruana. Todos se han olvidado de la furibunda critica que se hizo a los fiscales por el escape de Toledo Manrique. Ninguno de los que critican la prisión preventiva recuerda la huida del señor Hinostroza Pariachi, ni la libertad del señor Sotomayor, que luego escapó de la justicia. Han olvidado el intenso debate jurídico que, frente a las debilidades del antiguo Código de Procedimientos Penales, dio lugar a que el parlamento aprobara el Nuevo Código Procesal Penal, en el propósito de buscar una mayor eficacia procesal. Años más tarde, se exigió que, para una mejor actuación de los fiscales frente a la corrupción, se adelantara la aplicación del mencionado código para tales delitos. Incluso, se pidió que se aplique el nuevo código para todos los casos de prisión preventiva ya que se reconocía que era más garantista, a diferencia del uso arbitrario de esta medida cuando estuvo vigente el derecho inquisitivo, aun en el Código aprobado en 1991.

Ahora en el Perú, para que se dicte una prisión preventiva, se tiene que realizar una audiencia, con conocimiento previo de cargos y elementos de convicción, con tiempo para preparar la defensa y con las garantías de defensa contradictoria en igualdad de condiciones, publicidad y oralidad. Pero hoy todo aquello parece muy poco o nada, pues incomoda igual que los parciales o amigos sean privados de su libertad, y todo indica la existencia de una reducida casuística que puede ser discutible. Inclusive, tal como lo ha señalado el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, es al Poder Judicial al que le corresponde tomar medidas para evitar su uso arbitrario, aplicando las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra opción es buscar mecanismos alternativos a este procedimiento (grilletes electrónicos, por ejemplo), tal como también lo propone el ente supranacional.

Lo que no se puede aceptar son los móviles que hay detrás de la campaña actual contra la prisión preventiva y contra los fiscales. Es una demanda que no refleja el sentir de los ciudadanos del Perú, en su gran mayoría, porque en el fondo lo que se busca es impunidad. En todo caso, en una hipotética situación del uso equivocado o exagerado de la prisión preventiva, no pasa de lo excepcional, cosa que puede suceder en cualquier sistema, como parte de la expresión de los criterios diferentes y libres de los magistrados. Y si se produce un caso de arbitrariedad, se debe demandar que se corrija dentro del mismo sistema, para lo cual existe el derecho de apelación o presentación de recursos de nulidad. Lo que no debe hacerse son campañas interinstitucionales en contra de los magistrados que vienen desarrollando su trabajo con sacrificio y asumiendo riesgos, para desterrar la impunidad.

En Italia, Brasil, Singapur y, otros países, los sistemas anticorrupción no hubieran tenido el éxito que se conoce sin la debida utilización de la detención preliminar, prisión preventiva, la delación premiada o la colaboración eficaz. La operación Manos Limpias, por ejemplo, en Italia, frente a una galopante corrupción de la clase política y empresarial hubiera sido neutralizada si los fiscales y jueces no hubieran utilizado mecanismos extraordinarios para evitar el poderoso afán de las mafias para eludir la justicia. Una cosa similar se podría decir de Brasil, cuyo sistema lo lidera el emblemático juez Sergio Moro.

En realidad, los fiscales peruanos encargados del caso Lava Jato, han implementado una estrategia similar a la brasileña. Y el juez Moro ha utilizado en gran medida la estrategia Operación Mani Pulite, que tuvo éxito en Italia. La operación Manos Limpias hubiera fracasado en Italia sin aquella estrategia. Y si en Brasil el juez Moro no hubiera utilizado esos mismos fundamentos, probablemente hoy Lula sería nuevamente presidente de Brasil.