Construir un nuevo Sistema Nacional de Salud

Cuando la presidente de la República, en su mensaje a la Nación de 28 de julio, señaló que era necesario “construir un sistema de salud sólido, eficiente, oportuno y descentralizado para garantizar el acceso y la atención integral, gratuita y universal a todos los peruanos”, planteó una tarea compleja de mediano y largo plazo que, sin embargo, requiere consensos y decisión política del más alto nivel. Es obvio que la propuesta ha nacido de la constatación del mal desempeño del sistema de salud vigente frente a la pandemia de covid-19, así como frente al embalse de las necesidades sanitarias de la población. Además la proclamada política del aseguramiento mercantilista ha caído en descrédito debido a la falta de oferta de servicios de salud de la población. Es decir, pese a que más del 95% de la población ya posee un documento que acredita su incorporación a algún tipo de seguro, no goza de atención médica o de salud, porque no hay oferta de servicios médicos o de salud que responda a sus necesidades. Incluso la palabra “aseguramiento” se ha convertido, desde el punto de vista político, en una mala palabra, porque suena a sarcasmo o sorna ante el sufrimiento de los ciudadanos. 

En ese sentido, cobra relevancia “garantizar el acceso y la atención integral” que ofrece la propuesta presidencial. Hay aspectos que son cruciales para entender las falencias del sistema de salud vigente y que demuestran la imperiosa necesidad de construir un nuevo sistema de salud. El primero es que se ha incrementado anualmente el presupuesto asignado a la salud, que a inicios del siglo equivalía a casi S/ 77 por habitante, hasta llegar a casi S/ 680 el 2021. Es decir, el mayor gasto ha permitido aumentar la burocracia, el mercantilismo y los mecanismos de auditoría y control, siempre insuficientes, en detrimento de los cuidados y las atenciones sanitarias. 

El segundo aspecto es que solo el 30% de las personas que desean atenciones médicas consiguen su cometido en un hospital o en un centro de salud. El restante 70% se encuentra obligado a recurrir a las farmacias o boticas, a las formas alternativas de cuidados e incluso  dejan su vida como consecuencia del curso de la enfermedad.

El tercer aspecto, es que el primer nivel de atención –es decir, los centros y puestos de salud– no tienen adecuada capacidad resolutiva; más aún, se encuentran con falencias en 99% de su infraestructura. Además, durante la pandemia de covid-19 casi fueron cerrados y, por tanto, se produjo un mayor abandono. La baja capacidad resolutiva de estos establecimientos impide que se resuelva el 80% del total de las enfermedades que aqueja a la población. Asimismo, que los enfermos pugnen, en largas filas de espera, para ingresar a los hospitales, que ya se muestran insuficientes. 

El cuarto aspecto es que más del 90% de las atenciones médicas y de salud son realizadas por el sector público, ofertadas por instituciones que se encuentran adscritas a varios ministerios. En ese sentido, cada sector ministerial tiene una población adscrita y formas de atención diferenciadas, reguladas por normas propias, dando pie a un fenómeno conocido como “fragmentación del sistema de salud”. El sector privado solo brinda atención al 10% de la población, ya sea mediante el gasto de bolsillo o mediante modalidades de seguros médicos. También este sector incrementa el fenómeno de la fragmentación. 

El quinto aspecto es que cada segmento poblacional resuelve a su manera y conveniencia el financiamiento de su propia salud. En ese sentido, el segmento de población pobre y vulnerable solo recibe ofrecimientos o “pólizas de atención” del Seguro Integral de Salud,  sin ningún respaldo prestacional porque, como ya se advirtió, no existe oferta de servicios de salud suficientes. La denominada segmentación genera inequidad y exclusión social.

El sexto aspecto, es que el modelo de salud vigente tiene su fundamento en el “concepto de acceso” a los servicios de salud de los ciudadanos y no en el de “poder de acceso”. La analogía que expresa mejor la diferencia entre acceso y poder de acceso es la que existe entre compra y poder de compra. Es decir, es imprescindible que el ciudadano posea poder de acceso a la salud; para dicho fin es necesario crear mecanismos o medidas que implican gasto público, que se traducen en prestaciones económicas, sociales y sanitarias, tal como ocurre en la Seguridad Social Universal, ya sea bajo mecanismos ligados a la planilla del trabajador o a cuenta de impuestos. 

El séptimo aspecto, es la precariedad de la digitalización que impide el uso de las tecnologías de la información, la interoperabilidad y el aprovechamiento de la historia clínica electrónica, la telemedicina y la receta electrónica. Asimismo, el uso de estas tecnologías en la gestión clínica y administrativa de los establecimientos de salud. La gestión administrativa, sobre todo, la contable y la emisión de facturas como resultado de procesos estandarizados, otorga eficiencia al intercambio prestacional o a la compraventa de servicios y a la respuesta del sistema de salud “como un todo.” 

El octavo aspecto, es la ausencia de la comunidad en el modelo de salud vigente. Es necesario recurrir al rol de la participación social en el proceso y los resultados de la actividad sanitaria. El enfoque comunitario, con la Atención Primaria de Salud (APS) y la intervención en los determinantes económicos, sociales y culturales, son imprescindibles para lograr el autocuidado y el cambio de comportamiento hacia estilos de vida saludables de la población. En ese sentido, la conformación del modelo de Redes Integradas de Salud (RIS), no solo implica fortalecer el primer nivel de atención de salud con médicos especialistas y profesionales de salud con más y mejores equipos, insumos e infraestructura, sino, con una mayor y más amplia participación social. 

El noveno aspecto, es que el modelo sanitario vigente, se basa en la curación tardía e inoportuna de la enfermedad. Es decir, está invertido y, por tanto, no calza con las necesidades de la gente. El nuevo Sistema Nacional de Salud, debe basarse en la promoción de la salud, la prevención y la detección precoz de las enfermedades con la finalidad de ofrecer tratamientos oportunos, eficaces y que aseguren mejor calidad de vida futura.

Por último, como décimo aspecto, es que ya se ha avanzado en el consenso sobre el nuevo Sistema Nacional de Salud en el Foro del Acuerdo Nacional. Las pautas generales de este acuerdo ratifican los derechos humanos a la salud y a la seguridad social universal. ¡Redes integradas de Salud y Seguridad Social Universal!