La danza electoral frente a la crisis nacional

En el escenario político actual, somos testigos de protestas por la inseguridad ciudadana y la vulneración de ciertos derechos, que coexisten con la planificación de las Elecciones Generales de 2026. Esta situación refleja una profunda disociación entre el comportamiento de los poderes del Estado, las organizaciones políticas y la realidad social. Se evidencia así una desconexión marcada por la disposición a ignorar la urgencia de gestionar la crisis presente, privilegiando la supervivencia política y la posibilidad de acceder al poder en las elecciones que se avecinan.

El gobierno, con bajísimos índices de aceptación y a pocos meses de su final, observa las protestas como problemas de orden interno que deben ser contenidos con medidas reactivas e indecisas. Su discurso se llena del término “intentos de desestabilización”, convirtiendo las protestas en insumos de campaña más que en asuntos a resolver desde la gestión pública. Como en una “finta” electoral, el Ejecutivo afina decisiones para lanzar a algunos de sus ministros —cuya ineficiencia es de conocimiento público— a la contienda política.

La Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas establecen el cronograma y los requisitos de renuncia o licencia para participar en los comicios. En el caso de funcionarios y autoridades, deben renunciar de manera irrevocable a su cargo seis meses antes de la elección (13 de octubre). Están comprendidos alcaldes provinciales y distritales, gobernadores y vicegobernadores regionales, ministros y viceministros de Estado, magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Constitucional, así como el Contralor General de la República. Los congresistas, en cambio, no necesitan renunciar para postular a la reelección o a cualquier otro cargo. De este modo, pronto presenciaremos cambios en el gabinete ministerial.

En un escenario donde la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía es constantemente puesta a prueba, su participación en la danza electoral probablemente no estará exenta de decisiones judiciales o fiscales con alta carga política, como investigaciones por corrupción o fallos de hábeas corpus, que podrían afectar la elegibilidad o la imagen de algunos candidatos. En este contexto, la presencia de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia —con sus conocidas prácticas— resulta un indicador preocupante del curso que puede tomar el proceso y de la influencia que el Ejecutivo ejercerá en la contienda.

En el terreno específico de la campaña, los partidos están ocupados en cumplir plazos, conseguir candidatos y definir estrategias. La tarea es compleja, pues el número total de candidaturas que cada agrupación debe presentar a nivel nacional ronda las 263 (entre titulares y suplentes), para cubrir la plancha presidencial, el Congreso y el Parlamento Andino. Esto hace prever una oferta variopinta de aspirantes, muchos sin la calidad ni la capacidad requeridas para ejercer cargos públicos. Una situación que complica el accionar y la decisión de los ciudadanos, cuya expectativa frente a las elecciones oscila entre la urgencia de resolver problemas cotidianos y un profundo desencanto con la política.

Conviene recordar que en la “danza electoral” —acciones, estrategias, movimientos, debates y acuerdos “clandestinos” de partidos y candidatos durante un proceso—, son los partidos quienes intentan imponer el ritmo. Sin embargo, los medios, la opinión pública y los acontecimientos externos suelen modificar la melodía. Estas elecciones representan una oportunidad crucial, quizá la última, de transformar una realidad marcada por la crisis y la inestabilidad. Constituyen, en suma, un momento para romper el ciclo de crisis, depositando un voto en medio de la desconfianza, con la esperanza de elegir a una autoridad capaz de brindar la estabilidad y seguridad que el país necesita con urgencia.

En el terreno de las propuestas, la inseguridad, el desempleo y la defensa de derechos se convertirán inevitablemente en temas prioritarios. Ello obligará a los candidatos presidenciales a ofrecer soluciones, demostrando no solo conocimiento de la problemática nacional, sino también capacidades comunicativas que informen con claridad sobre asuntos públicos, políticas de gobierno y decisiones que afectan la vida de los peruanos. Solo así podremos tomar decisiones conscientes y elegir un gobierno responsable que asegure el funcionamiento pacífico y justo del sistema democrático.

¡Escojamos bien la melodía en esta danza electoral!