Conspiración contra los comandos

Sobre el fallo de la Corte IDH contra los comandos de Chavin de Huantar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha fallado otra vez contra el Perú y contra los militares integrantes del Comando Chavin de Huantar. Esta vez, sin embargo, al leer la sentencia, se trasluce que estamos al parecer ante una conspiración contra los comandos que rescataron a los rehenes en la residencia del embajador japonés.

La Corte IDH ha sentenciado que el terrorista del MRTA Eduardo Cruz Sánchez fue presuntamente asesinado de un tiro en la cabeza cuando estaba “bajo custodia del estado”, es decir de la fuerza que recuperó la residencia nipona, el 22 de abril de 1997, y rescató a 71 rehenes que ese grupo terrorista había secuestrado el 16 de diciembre de 1996.

¿En que se basa la Corte de San José para fallar de esa manera? El fallo lo dice: en dos sentencias emitidas por la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima y por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, las cuales concluyen que el terrorista “fue muerto luego de ser detenido”.

La Corte IDH repite una parte del fallo de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que sostiene que “[…] esa ejecución extrajudicial fue un crimen aislado, que no formó parte de la operación y de los planes elaborados en las instancias superiores”.

La sentencia de esa corte internacional nos revela que los responsables de la sentencia que hoy nos indigna son los operadores políticos de la izquierda enquistados en el estado, en particular el sistema de justicia.

Los jueces peruanos basaron su fallo en un peritaje parcializado de la ONG Aprodeh y en los testigos de ésta, soslayando los peritajes de tres reputados médicos legistas europeos y los testimonios de todos los comandos y de 70 ex rehenes que desmintieron al japonés Hidetaka Ogura, quien se jacta de su foto gigante al lado de Fidel Castro.

Los peritos europeos probaron que “Tito” murió en combate, de dos tiros; no de un tiro de ejecución en la cabeza, como sostiene Aprodeh. Y sin embargo, los jueces prefirieron el peritaje de Aprodeh, hecho por un antropólogo de izquierda.

¿Por qué los jueces le creyeron al japonés Hidetaka Ogura y no a los otros 70 ex rehenes que lo desmienten? ¿Por qué le creyeron a dos policías del SIN que se contradicen: uno dice que Tito era alto y delgado y el otro que era gordo y bajo? ¿Por qué no les creen a los comandos cuando dicen que todos los terroristas murieron en combate, y sí a los abogados del terrorista?

Por si fuera poco, los operadores políticos izquierdistas en el Sector Justicia se encargaron de que los peritajes a favor de los comandos no llegasen nunca a la Comisión Interamericana de DDHH ni a la Corte IDH. Los hechos reseñados parecen configurar una clara conspiración contra los comandos.

Pero el telón de fondo de este escándalo es la ausencia de una política de estado de defensa del Perú ante las acusaciones de los grupos terroristas y ciertas ONG que se han propuesto criminalizar la lucha contra el terrorismo. Porque si uno analiza las acusaciones que llegan a esas instancias internacionales, todas buscan victimizar a los terroristas.

Desde el 2000, la política que ha prevalecido en los gobiernos – excepto algunos ministros- ha sido de allanamiento sistemático ante las denuncias a favor de los terroristas. Esto explica que la “defensa” de los comandos haya sido una pantomima, como lo revela el fallo de la Corte IDH. Del actual gobierno no podemos esperar nada, pero los líderes demócratas que postulan a la presidencia deben cambiar esta injusticia.

Igual que hoy inventa relatos hoy para impedir las inversiones en recursos naturales, la izquierda ha falseado la verdad de la guerra con el terrorismo para “demostrar” que ella tenía razón en los 80 y 90, cuando decía que el estado debía negociar con los grupos terroristas y acusaba de “genocidas” y “violadores de DDHH” a las fuerzas del orden.

Los operadores de esa izquierda en el estado ha conseguido que los comandos vuelvan a ser citados a los tribunales, que la operación de rescate quede manchada y que el estado repare otra vez la memoria de un terrorista, esta vez “Tito”, el asesino del vocal supremo Carlos Giusti y el que hirió de gravedad a los vocales Hugo Sivina, Luis Serpa y Mario Urrelo, con una ráfaga de metralla, cuando estaban tendidos e inermes en el suelo, según los testimonios de ex rehenes. Esa es la izquierda.

Por Víctor Robles Sosa

30 – Jun – 2015