¿Cómo leer 30,000 leyes y no enloquecer?

 

¿Por qué impulsé la creación de la Comisión Especial Multipartidaria para el Ordenamiento Legislativo (CEMOL) cuando ingresé al Congreso de la República? Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, lo cual siempre ha sido mi objetivo en la vida política. Y una de las vías para lograrlo es definitivamente la racionalización de las leyes que el ciudadano tiene la obligación de cumplir. En el ordenamiento legislativo peruano hay más de 30,000 leyes y 600,000 normas —de todos los niveles del Estado— vigentes. ¿Alguno de ustedes, queridos lectores, conoce las 600,000 normas o las 30,000 leyes? ¿Conocen siquiera el 1% de ellas? Aún si no, algo tienen que ver con nuestras vidas.

Según el ránking de carga de regulación gubernamental del Foro Económico Mundial del 2018, el Perú ocupa el puesto 128 de 138. El Estado peruano produce una norma cada seis minutos. Le tomaría aproximadamente 10 años leer todo el espectro normativo de nuestro ordenamiento legislativo. Ojo, solo leer, entenderlo es otra jarana. Una locura.

Este martes, por fin, se someterá a votación, en la Comisión de Justicia, una legislación que declarará en desuso más de 1,000 normas que han perdido su propósito y que lo único que hacen hoy es abultar el ordenamiento legislativo. El paquete que hemos presentado busca, en corto, evitar que el ciudadano pierda tiempo y que pueda entender realmente cuáles son las normas que tiene que cumplir.

Me gustaría insistir en estas cuestiones: ¿Somos conscientes de lo que cuestan las normas que emitimos? ¿O el tiempo y los costos de oportunidad perdidos por estar parados en una cola? ¿Qué costos le estamos imponiendo a todos los peruanos que buscan salir adelante todos los días? Parece que en lugar de ayudarlos, les hacemos la vida más difícil.

Lo que es peor. Emitimos leyes y normas todo el tiempo; pero nunca se corrigen porque nunca se revisan y porque a veces no se quiere reconocer el fracaso de un dispositivo legal. Hoy, en el mundo, cada vez más se revisa el efecto posterior de las leyes emitidas. ¿Cuál ha sido su efecto? ¿Cómo han beneficiado al ciudadano? ¿Han cumplido el efecto deseado? ¿Cuánto le han costado al país? ¿Solo se benefició un pequeño grupo, presentando esos intereses como si fueran los de la nación?

Cada año se publican en el diario oficial El Peruano alrededor de 20,000 nuevos dispositivos legales. Esto quiere decir que cada día se publican al menos 60. ¿Somos conscientes de que los ciudadanos están obligados a deducir los geniogramas legales que producimos? Recordemos que una norma nos lleva a otra y a otra. Así sometemos a las personas a una búsqueda del tesoro para que cumpla con sus obligaciones básicas. No conocer la ley no nos exime de su cumplimiento. Con todo lo que le cuento, ¿le parece raro que el 76% de la población sea informal? Es necesario recordar que el Estado se debe al ciudadano y no al revés.

¿Qué buscamos con el trabajo de la CEMOL? Pocas y claras leyes, un concepto necesario y fundamental para la convivencia pacífica entre ciudadanos. Piénsenlo. ¿No sería importante y bueno para usted, señor lector, que las leyes se escriban en un lenguaje comprensible y no en complicadas fórmulas legales que le provoquen dolor de cabeza? Lo único que esto trae es poco entendimiento y mucha oscuridad sobre las verdaderas intenciones del dispositivo.

El objetivo de esta comisión es limpiar la hojarasca de dispositivos que ya cumplieron su función y no tienen por qué seguir siendo parte del acervo legal vigente. Les presento algunos ejemplos: El ingreso de Fuerzas Armadas de países amigos para realizar operaciones navales conjuntas. La operación termina y el efecto de la ley concluye. Hoy siguen vigentes resoluciones legislativas que autorizaron el ingreso de estas fuerzas en el 2009. ¡Hace 10 años! Lo mismo pasa con autorizaciones para viajes presidenciales y muchas otras normas más.

Un segundo objetivo es ponerle fin a la siguiente frase: “deróguese todo aquello que se opone a este dispositivo en mención”. Lo que no nos cuentan es que muchas veces los dispositivos que salen solo corrigen parte de la norma. Y esta suele tener reglamento, que nos dice cómo emplear y hacer efectiva la intencionalidad de las leyes. Además, los reglamentos suelen tener “directivas”, explicaciones adicionales en los ministerios. En estos últimos, se conoce al ciudadano como el administrado, como si este fuera propiedad del sector público. Así, comienza a perderse el individuo. Debemos ponerle fin a esta pequeña frase para así, por lo menos, reducir las horas hombre en la búsqueda que hace el ciudadano sobre sus obligaciones. Un pequeño signo de respeto para las personas sería reconfortante.

Esta comisión también tiene retos: lograr un trabajo constante y sistemático durante todos los periodos parlamentarios. Tiene que impulsar la creación de dispositivos legales fáciles de entender, seguir y obedecer. Debe colaborar para que se desarrollen estudios sobre el impacto económico de las normas. Y, posteriormente, debería poder —después de que las leyes tengan algún tiempo de vigencia— revisar la ley y ver si está cumpliendo su objetivo. Espero que algún día lleguemos a estas metas, siguiendo los consejos de uno de los fundadores de la democracia representativa, Montesquieu: “las leyes inútiles debilitan a las leyes necesarias”.