Un concurso ideal

 

¿Hemos fracasado por completo al intentar atraer profesionales de calidad a la administración pública? Los resultados del examen de conocimiento del proceso de selección para los miembros de la Junta Nacional de Justicia causaron bastante controversia en los últimos días. Primero, porque solo tres personas lograron el puntaje suficiente para pasar a la siguiente fase. Segundo, porque la persona que obtuvo mejor puntaje había hecho comentarios desafortunados en sus redes sociales.

La respuesta en varios medios de comunicación y entre varios políticos ha sido echarle parte de la culpa al examen. La prueba, según entendidos del derecho, era bastante básica y contenía preguntas que cualquier persona que pretenda seleccionar jueces y fiscales debía responder fácilmente. A mi parecer, cambiar el examen no es la solución, así como tampoco lo es bajar los estándares —ya bastante básicos— que tenemos.

Que solo tres personas hayan aprobado nos dice mucho sobre los profesionales que aspiran a trabajar en el Estado. ¿No lo creen? Por otro lado, los indignados frente a los comentarios del abogado que obtuvo el mayor puntaje también pidieron la nulidad del concurso. Esta reacción revela que, en el fondo, se busca colocar en la Junta Nacional de Justicia a las personas con las que se simpatiza. Recordemos que también han sido criticadas las opiniones de este concursante sobre fiscales específicos, como el señor José Domingo Pérez.

Sean honestos: digan que en realidad quieren en la JNJ a los candidatos de su preferencia; es decir, seleccionarlos en base a criterios subjetivos. No hay nada de malo, siempre y cuando sea un proceso público y transparente, con criterios específicos. El problema es que se esconden bajo el “concurso público y de méritos”, para vender una imagen de selección objetiva e ideal, cuando la realidad nos dice otra cosa.

En la propuesta que presenté para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura señalé que la composición de la Junta debía ser la siguiente: cuatro miembros designados por el presidente de la República. Entre los cuatro miembros nombrados por el Ejecutivo se encontraría el presidente de la Asamblea, el cual debería ser ratificado por el Congreso de la República con mayoría calificada. Los tres miembros restantes serán designados por el Legislativo, también con mayoría calificada.

Volver la designación de estos magistrados un proceso político, público y transparente trae muchos beneficios. Primero, posibilita un mejor rendimiento de cuentas por parte de quienes eligen a los miembros de la JNJ. Con el “concurso público y de méritos”, no es posible señalar a los responsables de la elección de los miembros si llegara a haber cuestionamientos. La rendición de cuentas no es posible en estas circunstancias. Además, le otorga mayor publicidad al proceso de selección de los miembros de la JNJ, lo que incrementa la capacidad de fiscalización de la ciudadanía en caso de que trascienda que algún candidato tiene objeciones serias.

El problema de fondo que enfrentamos en la administración pública es que los profesionales de calidad, con trayectoria, prestigio, hojas de vida impresionantes y comprobada ética judicial, no serán los que se presenten a este concurso. No tienen incentivos para hacerlo. La carrera pública está bastante desprestigiada.

Los resultados del examen para la Junta Nacional de Justicia han sacado a relucir lo difícil que será el proceso de reforma del sistema de justicia en nuestro país. Durante la discusión sobre la reforma, varios enfatizaron en que debía ser un concurso público, de méritos, que tome en cuenta la probidad moral de los concursantes. Son una serie de palabras vacías que, como vamos viendo, no cambian la realidad en la que vivimos.

A los ciudadanos se les hace creer que se está conformando una Junta Nacional de Justicia de forma objetiva, cuando sabemos que eso es virtualmente imposible. No nos engañemos. Tener un proceso político, público y transparente podría mejorar sustancialmente el camino a una verdadera reforma de justicia.