Había una vez un protocolo inconstitucional

 

El martes que pasó, la Comisión de Justicia acordó solicitar la presencia del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en el Congreso. ¿La razón? Responder interrogantes sobre el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”. Su presencia es importante porque al leer la Resolución Ministerial N°0159-2019-JUS surgen preocupaciones y dudas importantes que merecen ser despejadas.

La norma propone “establecer acciones, procedimientos y medidas de articulación que generen, a nivel nacional, un ambiente adecuado para que las personas defensoras de derechos humanos desempeñen sus actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos”.

Suena bien, está bien escrito, pero es inconstitucional. ¿Por qué? Porque vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, el principio de legalidad y de separación de poderes. Reflexionemos sobre lo que esto significa para nuestro sistema de justicia. Pensemos en la arbitrariedad cometida con la publicación del Protocolo, ya que no hay una definición para las “personas defensoras de los derechos humanos”, en nuestro ordenamiento legal.

Primero, hay que preguntarnos: ¿fracasó la Fiscalía como entidad? Quiero creer que no. De otra manera, no se entiende por qué los grupos privados merecen procedimientos de protección por parte del Ejecutivo por encima del resto de ciudadanos. Es verdad que la Fiscalía tiene muchos problemas y que nos espera un largo camino para revertirlos, pero no podemos abdicar a la tarea.

Una segunda pregunta es: ¿la ley sigue siendo igual para todos? Este es el problema en su estado más puro. La resolución ministerial da a entender que comenzamos a aplicar la justicia de acuerdo con el grupo al que se pertenece. La ley deja de aplicarse de manera general y comienzan a estructurarse sistemas paralelos de justicia. Es un precedente peligroso debido al carácter subjetivo de la norma.

Si creen que exagero, el Protocolo establece que se establecerán capacitaciones a la Policía Nacional del Perú en relación a los límites del uso de la fuerza frente a personas defensoras de derechos humanos. Es decir, se busca que haya un trato desigual de la Policía hacia los ciudadanos. Habrá un cuidado especial con quien sea considerado “defensor de derechos humanos”, por el Ministerio de Justicia. Sométanse a las consecuencias.

Tercero: ¿quiénes serán los protegidos? Queda claro que el Ejecutivo los designará. No sabemos bajo qué criterios porque no se especifican en la norma. La decisión es eminentemente subjetiva.

Entonces, ¿a quiénes consideramos defensores de derechos humanos?

1. ¿A la izquierda peruana, que se llena la boca hablando de derechos humanos, pero que es incapaz de condenar las claras violaciones de estos que ocurren en Venezuela? Hubo cinco fallecidos y 233 detenidos tras la reciente Operación Libertad.
2. ¿Al grupo de irresponsables que engañó a los cajamarquinos y los condenó a la pobreza?
3. ¿A los ciudadanos que violaron la ley tomando las carreteras en Las Bambas?

Muchos se llevarán una sorpresa cuando un Gobierno alejado de la izquierda use esta resolución ministerial para darle protección, por ejemplo, a la CONFIEP. Interesante, ¿no?

La ley debe ser igual para todos. Tenemos que mejorar el sistema de administración de justicia y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, cosa que hasta ahora no hemos logrado a pesar de los años de crecimiento económico.

Tenemos un importante problema de gestión y —por qué no decirlo— de valores. Sin embargo, comenzar a fraccionar la aplicación de la ley de acuerdo con el grupo al que se pertenece o por el que se tiene simpatías es, por lo menos, discriminatorio.

Debemos trabajar juntos para mejorar la situación de todos los peruanos, no solo la de un grupo de seres elegidos a dedo. Que no nos cuenten cuentos.