Combate en el VRAEM, orgullo gay en Lima

A los valles de los ríos Apurímac, Ene y Marañón se les conoce como el VRAEM. Es una “región” creada por DS N° 074-2012-PCM, que tiene 50 distritos de cinco regiones (Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín) y aproximadamente 650,000 habitantes. Según el INEI, el 77% de la población vive en extrema pobreza. La población se dedica mayoritariamente al cultivo de coca y a la producción de cocaína.

La presencia de cárteles colombianos, mexicanos y, brasileño-bolivianos, acompañados de los llamados “remanentes” terroristas de Sendero Luminoso, financian el narcotráfico y utilizan la infinidad de cooperativas de ahorro y crédito de Huamanga, que sacan y llevan al VRAEM el dinero lavado de la droga. La migración permanente de jóvenes a los cocales del VRAEM, atraídos por los altos jornales y el dinero fácil, incrementa la población urbana de la región y lleva hacia el delito a miles familias peruanas. El VRAEM tiene un alto porcentaje de jóvenes encarcelados por narcotráfico; ellos dejan esposas e hijos en abandono para conseguir ingresos que les permitan ganarse la vida. Los jóvenes y adultos se asimilan a Sendero y a las bandas de traficantes como el único camino de prosperidad.

El VRAEM está controlado aparentemente por las Fuerzas Armadas. El Gobierno de Humala intentó hacer de este extenso y marginal territorio una nueva región, pero el proyecto fue archivado en el parlamento por falta de decisión política. Sin embargo, las causas (pobreza extrema e inexistencia del Estado) están presentes en las provincias ayacuchanas de La Mar y Huanta, y en La Convención de Cusco (los aproximadamente 10 centros poblados de Echarate buscan ser distritos e impulsar la nueva región). Nada los une al Cusco, salvo el lejano recuerdo de los incas. Igual sucede en Satipo (Junín) y en Tayacaja (Huancavelica). Están cansados del centralismo, la ineficiencia y la corrupción de los sucesivos gobiernos locales y regionales.

Los analistas de las Fuerzas Armadas creen que una nueva región permitirá hacer la carretera Echarate-San Francisco y otras obras que impulsarían el desarrollo agroindustrial para paulatinamente ganarle la guerra al narcotráfico, que ya ha extendido su control también al distrito del Putumayo, en la frontera con Colombia. La estrategia del control territorial con la creación de bases militares en el inhóspito VRAEM y el inaccesible Putumayo ha fracasado por las falta de soldados y logística.

En Caballococha, capital de la provincia de Mariscal Ramón Castilla, existía una brigada del Ejército que, según las fantasías del Ministerio de Defensa, resguarda las fronteras con Colombia y evita que los exintegrantes de las FARC, que se dedican al narcotráfico, operen en el Perú. Estas bases militares solo existen en el imaginario de algunos oficiales de las FF.AA. y de los políticos limeños, que no conocen la zona ni les interesa su destino.

El fracaso de la actual regionalización es evidente: en vez de unir promueve el fraccionamiento, por su ineficiencia y corrupción. El imperio del narcotráfico y otras actividades ilegales en esas regiones es total, lo demuestra el sistemático asesinato de militares y policías que actúan en la zona; y cuando son masacrados por el crimen organizado, reciben efímeros e hipócritas homenajes del Estado.

Mientras tanto, el premier Salvador Del Solar desfila frívolamente en la Marcha del Orgullo Gay, en un gesto incomprensible para la mayoría del país. No marcha con los sin agua, los campesinos sin crédito o los jóvenes sin derechos laborales, tampoco atiende las demandas de las regiones más olvidadas del Perú. El Gobierno de Vizcarra, y la clase política en general, conducen al Perú a ser un Estado fallido, dominado por las bandas del crimen organizado que han penetrado casi todas las instituciones estatales.