Arbitrariedad para todos

La semana pasada el expirado Tribunal Constitucional, con el voto de cuatro de los siete magistrados, falló en contra de una iniciativa –el DL 1421 de la administración vizcarrista– que reconocía la prescripción de la deuda tributaria de 158 empresas. ¿Quién podría confiar en una iniciativa encajada entre las disposiciones transitorias de un decreto (cuando la Presidencia del Consejo de Ministros la ejercía un ciudadano hoy preso)? Notemos que esta interrogante no implica que el fallo tenga o no un fundamento legal. No me he graduado en Leyes. A pesar de esto, como ciudadano, lo desproporcionado del monto acotado (unos US$ 2,720 millones) y la abultada cantidad de empresas involucradas me despierta inclementes interrogantes.

Más allá de si la iniciativa fue declarada inconstitucional por las preferencias ideológicas del régimen o por fundados argumentos jurídicos, sus implicancias económicas nos deben llevar a reflexión. Es necesario que se aclaren las razones por las cuales: (1) se acotaron estas deudas tributarias; (2) se aplica esta sigilosa prescripción; y (3) la burocracia del sector habría permitido acumular tamaños incumplimientos. Aquí, lo superficial –aunque resulte políticamente analizable– debería ser irrelevante. Que el fallo se perciba como justiciero (sin serlo), o que solo haya configurado una distracción (respecto a los escándalos de la administración), o que se haya dado para borrar a un reputado candidato opositor implican solo parte de la desgracia en juego. Lo aciago de esta historia es su trasfondo económico.

Y es que existe un detalle que todos los izquierdistas –y sus socios históricos, los mercantilistas locales– necesitan y son hábiles en esconder. En nuestro país y en el planeta, existe una robusta asociación entre las tasas de inversión privada y la reducción de la pobreza. Inexorablemente se crece cuando los privados invierten, y cuando se crece se reduce la pobreza. Las cifras de nuestro país en este plano resultan contundentes; aunque tener esto en cuenta –por la severa deformación ideológica de la mayoría– resulta algo extremadamente impopular.

Si, por ejemplo, un ambicioso burócrata de izquierda, poco empático y calculador, optase por acotar injustamente a una corporación visible, no importará si su arrebato tiene maciza racionalidad económica. Por más absurda que resulte esta acción, en adelante ningún otro burócrata se atreverá a tirarla al tacho. Esto por fundado temor a la predictibilidad de nuestras instituciones. Con ello, por un buen tiempo, la iniciativa flotará. Y se inflará con moras, castigos e intereses. Los detalles de la deuda nunca se expondrán a la discusión pública, mientras se introduzcan nuevas joyas en este botín, dizque justiciero. Hablamos de otras deudas tributarias, no siempre incuestionables. Así las cosas, aparecerán los vociferantes que pedirán que se cobre todo lo acotado; mientras tarde o temprano, en un gobierno de izquierda, se procederá al abuso.

Lo hediondo de este asunto no es solo el abuso o su sesgo ideológico. Es que esta práctica espanta la inversión privada y produce mucha pobreza. Sí, estimado lector, toda carga tributaria debe ser recolectada transparente, oportuna e indiscriminadamente. Si la burocracia no resultase tan corrupta y la legislación peruana no se hubiera diseñado para ser difusa y arbitraria, nada de esto habría pasado. No se habría acumulado tamaño supuesto incumplimiento, ni este hubiera sido masivo. La falla detrás del fallo es justamente esta. 

Algunas de las empresas formales alcanzadas se habrían resistido legalmente a pagar tributos por ventas no realizadas. Ventas que implican deudas de terceros a las que nunca pudieron cobrar. Luego se procedió a mezclar a corporaciones respetables con flagrantes evasores. Oportunamente, se debieron hacer públicas las discrepancias en cada caso, para no alimentar la percepción de mayores riesgos tributarios. Pero sugestivamente no se hizo nada de esto. Simplemente se acotó, se aplicaron multas y se esperó a la llegada de un régimen de izquierda. Algo muy común en la deprimida Latinoamérica. 

En este caso, ni siquiera se justificó pública y técnicamente que lo acotado no es producto de un abuso. Solamente esperaron un momento politiqueramente oportuno. Por ello, no deberían sorprendernos tres cosas. Primero, que este cuadro resulte popular (por la mayoritaria ignorancia de sus efectos negativos o por ideología). Segundo, que algunos tribunales locales no imparten justicia. Tercero –y el más importante– que en el futuro se incremente la pobreza en al país, al contraerse la inversión privada. La inversión se deprime duramente en una plaza donde los abusos tributarios pueden ser rampantes e impunes. 

No me sorprende que algunos –auto proclamados víctimas de otros episodios de sinrazón estatal– exijan ahora arbitrariedad para todos. Pues aquí les recuerdo algo. Detrás de su regocijo por el fallo se esconde la desgracia de millones. Compatriotas invisibles que resultarán empobrecidos inexorablemente por la menor inversión privada asociada a barbaridades como las que ellos justifican y hasta defienden.