Aportes, ideologías y otras hipocresías

El asunto de los aportes a las campañas electorales se presta a todo tipo de contrabandos y poses, así como complicidades y delitos. El detalle omitido nos refiere al hecho de que, en los años previos a las recientes reformas constitucionales, los aportes formales para financiar campañas electorales fueron legalmente permitidos. Pero nótese: no los aportes de fuente ilegal, informal o de gobiernos extranjeros.

La clave aquí pasa por reconocer que el esquema funcionaba asumiendo que serían estrictamente regulados en múltiples planos burocráticos (por la Contraloría, Poder Judicial, JNE, la ONPE, la SBS, el MEF, el BCR, la SUNAT, la SUNARP o los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa o Interior). Dada la cantidad y orígenes de los aportes en todas las últimas campañas, miles de burócratas cometieron delitos. Fueron pagados para que se cumpla la legislación vigente, pero año tras año incumplieron flagrantemente sus responsabilidades. Algunos pudieron ser beneficiarios, otros cómplices, pero todos están impunes. 

Por esto, cuando alguien le quiera hacer creer que se trata solamente de coimas previas a que algún candidato llegue al gobierno, se está burlando de usted. Abundan los planos delictivos. Así, por ejemplo, los aportes no usados en las campañas enriquecieron tanto a candidatos ganadores y perdedores de todas las agrupaciones políticas –desde los progresistas hasta los curitas y las violentistas– cuanto a otrora prestigiosos medios de comunicación que –verosímilmente– conocían los hechos.

Otro plano relevante en esta batahola tiene que ver con la intromisión de gobiernos extranjeros en asuntos internos (financiando las campañas de ciertos personajes alineados a sus intereses). Esto no solo fue delito, sino que configuró un acto de traición al país. Así, entre el 2006 y el 2011 esta práctica era difícil de esconder. También merecen incluirse los nada desinteresados influjos de dinero ilegal provenientes del narcotráfico o la minería ilegal. De hecho, en costa, sierra y selva existen gobernantes y legisladores con origen no dilucidado. Y por supuesto, todo esto se toleró –si no se encubrió– desde la burocracia y los medios de comunicación.

En las últimas semanas, el tema se ha puesto de toda moda. En medio de una cacería periodística selectiva en la que solamente se denuncian los aportes de ciertos empresarios mientras se ignoran tanto los millonarios aportes chavistas a las campañas de los traidores cuanto el mal uso de los recursos públicos para asegurar ciertas sucesiones afines. Y qué decir del narcotráfico o la minería ilegal. Sospechosamente no se enfocan las otras fuentes. 

Llegados aquí, otra interrogante se cae de madura: si los aportes formales eran permitidos y regulados ¿por qué otros motivos alguien podría querer donar millones para una campaña electoral? Aquí la razón muerde: la escala de los presupuestos de campaña influye en los resultados electorales. Esta observación no trae ninguna sorpresa. Con plata chavista y suavizando a medio Lima, resultó elegido un presidente del Perú. Eso sí, a la segunda intentona.

Entendido esto, nos quedan como causales las preferencias, intereses o temores de alguien. Dígase, (a) dono porque estoy asustado con el candidato opositor; (b) porque voy a cobrar el favor verosímilmente (dado que la burocracia es tremendamente corrupta); (c) porque no es mi plata (son recursos públicos) y quiero favorecer a un sucesor afín o cómplice; (d) porque soy un gobierno o corporación extranjera y quiero imponer un régimen ideológicamente cercano; y finalmente (e) por alguna escabrosa combinación de las anteriores opciones.

Pero téngalo muy en cuenta: con ciudadanos educados e instituciones no prostituidas, gastar millones en esta actividad sería algo cercano a la ilusión, candidez o la estupidez. Y esta es la clave. Los responsables de este entuerto no son los aportantes, ni los candidatos inescrupulosos. Nuclearmente, son los burócratas. Si ellos hubieran cumplido sus encargos, nada de esto pasaría. No olvide que el grueso de los medios de comunicación tienen presupuestos inflados y cada día menos clientes (y escrúpulos).

El broche de cierre en esta compleja discusión tiene que ver con la causa madre: la prostitución institucional peruana; pronunciada y creciente desde los aciagos días de la dictadura velasquista. Por ello, si usted pide montos, participantes y delincuentes… no los tendrá. Se han estropeado reglas y burocracia (funcionarios, jueces, fiscales o policías), que hoy pueden dividirse en tres categorías: coimeros, coimeados y cómplices o cieguitos. Desde 1968, todo fue y está diseñado para que no existan procesos claros e implacables. Ergo: para que no conozcamos montos ni participantes, y para que los delitos queden impunes, prescriban y las fortunas de la rapiña electoral se blanqueen. 

Hoy hasta los escritos más difundidos sobre la historiografía nacional presentan a centenares de truhanes como una suerte de paladines. El sesgo ideológico se antepone a los hechos.