A contracorriente

Vivimos un cambio de rumbo hacia la izquierda. Aquí las etiquetas de las personas involucradas (Kuczynski, Cateriano, Castilla, Zavala, De la Puente, Carranza, Thorne, etc.) resultan irrelevantes, lo importante son las ideas consistentemente aplicadas: crecimiento con equidad, impulso fiscal, ideología de género, reforma estatista de las reglas políticas, consulta previa, tributación progresiva, etc. Sí. Nos guste aceptarlo o no, desde el 2011 transitamos hacia el mismo tipo de manejo económico de los setentas y los ochentas. Ese que nos llevó a dibujar una nación latinoamericana con estándares económicos africanos en 1990. Las lecciones de política económica que nos dejó esa experiencia parecemos haberlas olvidado.

Hoy, en un contexto de estabilidad inflacionaria, no parece importar la sucesión de retrocesos en materia fiscal, ni la politización de las instituciones (en la agenda de la llamada lucha anticorrupción), ni lo reiterado de las opciones de políticas mercantilistas (el mantenimiento de empresas privadas quebradas, vía la pauta publicitaria estatal) o socialistas (vía el entrabe sostenido de la inversión privada en una sucesión de yacimientos mineros y energéticos).

A pesar de lo anterior, dos hechos estilizados emergen implacables. Por un lado, el tamaño del gasto público explota (se eleva en 154%, en dólares constantes en dos décadas en las cuales el producto por habitante creció 92%); mientras que, por otro, nuestro puesto en el ranking entre las naciones con mayor percepción de corrupción burocrática escala sesenta puestos. En este ambiente, referirnos al tema al que nos vamos a referirnos, implica un acto a contracorriente. Algo impensable e inoportuno, cuando los burócratas que han copado el poder estarían involucrados en episodios de corrupción o tendrían evidentes inclinaciones socialistas.

La presente propuesta, esbozada estructuralmente, busca salir de la trampa ideológica que cree que más burocracia, regulaciones y presupuestos lo resuelven todo. Su fundamento implica reconocer que tratar de seguir inflando el gasto del sector público —con mayores recaudaciones, nueva deuda pública, licencias monopólicas de empresas estatales o simple tributación inflacionaria— configura una mala idea. Paraliza la economía y, al disolver la reducción de la pobreza, como diría un marxista, agudizaría las contradicciones.

Siendo esto así, propongo sencillo un plan de un reordenamiento ministerial. Pasar de 18 pliegos y decenas de entidades paralelas (que implica una enorme carga por su superposición burocrática) a cinco ministerios con pliegos delimitados. Esto con la intención de enervar eficiencias, liberar recursos y poder financiar más servicios públicos e infraestructura. El gabinete estaría conformado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los nuevos Ministerios Consolidados de Proveeduría de Infraestructura (MDI) y de Servicios Públicos (MSP); así como el Ministerio de Recursos Naturales (MRN).

La PCM desarrollaría las pautas de dirección política en todo el aparato estatal y —evitando costosísimas redundancias— brindaría las únicas oficinas generales de administración, de recursos humanos y de control interno para el resto del gabinete. Todo esto bajo un Texto Unificado de Procedimientos Administrativo para todo el sector público y sellado con prácticas generalizadas de gobierno electrónico. Aquí el rol del MEF es similar al actual: configurar una unidad de consolidación y restricción financiera. El MDI se ocuparía de diseñar las políticas en los ámbitos de transporte, telecomunicaciones y vivienda. El cuarto ministerio (MSP) ordenaría las cosas.

Todas las dependencias que ofertan servicios públicos tendrían un rector con exigencias administrativas similares; buscando una oferta óptima en planos educativos, judiciales, de seguridad ciudadana, diplomáticos, culturales, de defensa, de administración tributaria, regulatorios, penitenciarios, laborales, de monitoreo al medio ambiente, de monitoreo a las minorías y condiciones laborales, etc. Nada de portafolios dorados o politizados.

Finalmente, el MRN enfocaría el diseño de políticas y monitoreo de los sectores productivos: Agro, Pesca, Minería y Energía.Los efectos benéficos previsibles —para quien se atreva a ordenar la casa y desinflar botines políticos muy populares— serían enormes:

1. Eliminando pliegos redundantes, se coadyuvaría a un significativo ahorro de recursos para profundizar la calidad de los servicios públicos e infraestructura básica. No más presupuestos mediáticos, ni planillas doradas. Nótese que en el último quinquenio, el 72% del gasto no financiero del sector público (aproximadamente el 20.1% del PBI) se dirige a pagar sueldos, compras de bienes y servicios.
2. Facilitando la depuración burocrática. Y si fuese acompañada de incentivos efectivos anticorrupción burocrática, implicaría una mejora notable de la calidad de los funcionarios y de los servicios públicos que ellos gestionan.
3. Al final, pero no lo menos importante: posibilitando una significativa reducción de las cargas tributarias y la tercerización supervisada de muchos ámbitos de servicio público, hoy sinuosamente gestionados por la burocracia.

Así, la supuesta necesidad de elevar la recaudación tributaria a como dé a lugar, además de destructiva, es una ilusión carente de fundamento e inoculada por la ideología socialista de la actual administración. La propuesta aquí esbozada —más servicios e infraestructura para el pueblo a un costo menor— ayudaría mucho frente a la actual desatención estatal de muchas necesidades públicas. ¿Cifras ex ante? Dependerán de la determinación y liderazgo de la administración que aplique la propuesta.

Como al inicio de estas líneas, les recuerdo que las ideas realmente aplicadas serían lo relevante; los actores involucrados, lo de menos.