La hoguera de los aportes de campaña

La revelación de Dionisio Romero Paoletti acerca de que donó US$ 3.6 millones a la campaña de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en el 2011, no solo puede mejorar la situación judicial de los líderes fujimoristas, sino que ha reavivado un debate central de cualquier experiencia republicana: cuál es el mejor camino para financiar las campañas electorales y las actividades del espacio público.

Al respecto, en las redes sociales se ha desatado una intensa campaña que, más o menos, dice lo siguiente: las candidaturas de derecha tienen toda la plata del mundo mientras que las candidaturas de izquierda solo tienen los votos y los principios. Falso de principio a fin. En el 2011 el régimen chavista todavía podía financiar a todas las candidaturas vinculadas al Foro de Sao Paulo, porque el precio mundial del petróleo dejaba enorme margen de maniobra. En ese sentido, la campaña de Ollanta Humala en el 2011 fue una de las mejores financiadas que se recuerde.

Cuando Romero Paoletti señala que apoyó económicamente a Fuerza Popular por una eventual amenaza chavista detrás de la candidatura de Humala no falta a la verdad. Si hay dudas, solo basta revisar el programa de la Gran Transformación que Humala presentó en la primera vuelta y que luego abandonó en la segunda ronda por la llamada Hoja de Ruta. El primer programa era colectivista, estatista y chavista por donde se le mire.

El problema, entonces, es qué tipo de legislación adoptamos para crear mecanismos de transparencia difíciles de cuestionar para el financiamiento de las campañas electorales. Una de las democracias más longevas del planeta, con altos estándares de transparencia –es decir, Estados Unidos– ha adoptado el criterio de plena libertad para los privados de financiar las campañas y los movimientos partidarios. Las únicas dos condiciones: la bancarización de los aportes y una abierta declaración de posibles conflictos de interés entre los candidatos y sus aportantes. Al parecer el modelo estadounidense y anglosajón funciona relativamente bien, más allá de los problemas que atraviesan todas las experiencias republicanas en el planeta.

El otro camino es el modelo europeo, que controla y limita y el aporte privado mientras otorga mayor protagonismo al financiamiento estatal. En el Perú, en el pasado referendo, por ejemplo, se prohibió el aporte privado para las campañas electorales en radio y televisión. Ahora solo se permite el financiamiento estatal a través de la franja.

Desde un punto de vista republicano y liberal-conservador, la idea de un Estado que financia las campañas electorales siempre será una imagen aterradora; sobre todo en América Latina, en donde los caudillos plebiscitarios llegan a controlar las instituciones. Prohibir el financiamiento privado podría acrecentar las posibilidades de las estrategias de los colectivismos.

En ese sentido, la única manera de evitar aportes en efectivo y el llamado pitufeo de los partidos es establecer la plena libertad de las personas y las empresas que aportan, siempre y cuando sean aportes bancarizados y se establezca la obligatoriedad de declarar los posibles conflictos de interés. Sobrerregular o prohibir el aporte privado, inevitablemente, llevará a que las economías ilegales participen de las campañas y la informalidad siga devorando todo.

El resto es campaña comunista que ha encontrado la tormenta perfecta para desarrollar la constante prédica anti empresarial. Los colectivistas sueñan con una sociedad sin empresas. Es decir, sin contrapesos para el poder económico del Estado y sin posibilidades de financiar a las candidaturas de oposición.