Desde la derecha ya se golpea al Gobierno de Boluarte

por Víctor Andrés Ponce

La Confiep, la SNMP y ComexPerú, tres gremios empresariales nacionales, acaban de pronunciarse en contra de la evidente nacionalización de la política petrolera que pretende desarrollar el Gobierno de Dina Boluarte. Los mencionados gremios se oponen a la propuesta de adjudicar a Petroperú de manera directa los lotes petroleros I, VI y Z-69 del norte del país. Como se conoce, los contratos de los mencionados lotes están a punto de culminar y en el Gobierno se contempla la posibilidad de una adjudicación directa. Los gremios exigen un concurso internacional. 

Los gremios empresariales, asistidos por la razón y el sentido común, invocan el principio de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado con respecto al sector privado. Y además denuncian la suma de ineficiencias y fracasos económicos que caracterizan a Petroperú, una entidad estatal que solo puede seguir existiendo de la sangría de los recursos fiscales.

Lo que merece subrayarse es que luego del golpe fallido de Pedro Castillo y de las olas de violencia insurreccional del verano pasado, es la primera vez en que los representantes empresariales, como se dice, levantan la voz ante los despropósitos del Ejecutivo. Una interesante noticia que nos revela que las amenazas a la gobernabilidad ya no están en la insurrección de las corrientes comunistas ni en las feroces campañas del progresismo –con encuesta en mano– que buscan adelantar las elecciones a cualquier precio, ignorando que menos de un año atrás se detenía el golpe del eje bolivariano. 

¿Dónde, pues, están las amenazas a la gobernabilidad? En la medida que el curso hacia las elecciones del 2026 se consolida, es evidente que las amenazas a la gobernabilidad provienen de los errores del propio Ejecutivo y de los yerros que acumula el Congreso. Por otro lado, la alianza de las centro derechas y algunos sectores que buscan mantener la estabilidad política generan la impresión de que el Gobierno Boluarte es de derecha y que no proviene de la fórmula de Perú Libre en el 2021.

En ese contexto, la urgencia de una oposición desde el lado derecho es dramática, porque de lo contrario se deja a las izquierdas el campo libre de las críticas. El Gobierno de Boluarte no es de derecha, porque si lo fuera no se embarcaría en la nacionalización de la política petrolera y ya habría derogado los decretos laborales de Castillo (que fomentan la guerra de clases) y estaría promoviendo alguna reforma promercado.

El pronunciamiento de los empresarios, pues, revela cierto regreso a la normalidad democrática del Perú, porque surgen los verdaderos alineamientos sobre la economía y la sociedad. Algo parecido debería suceder con las bancadas de la centro derecha en el Congreso, más allá de las alianzas que desarrollan con las izquierdas para desmontar el control progresista de instituciones tutelares del sistema republicano.

Luego de la derrota del golpe de Castillo, el gran problema del Perú es su predictibilidad política hacia el 2026 porque la falta de alternativas imposibilita crear confianza para las inversiones y los mercados. La economía no crece y aumenta la pobreza. De allí la urgencia de organizar esa alternativa que debería pasar por la unificación de amplios sectores de la centro derecha. Sin embargo, todo debe principiar con la crítica al apellido izquierdista del Gobierno de Boluarte. En ese sentido, el pronunciamiento empresarial sobre Petroperú tiene enorme trascendencia.