Dirigencias violentas contra la minería

Pepe Julio Gutiérrez, ex dirigente del Frente Amplio de Defensa de Tambo (Arequipa), vuelve a ser noticia. El pasado 14 de febrero fue liberado de una prisión preventiva de 33 meses, y deberá afrontar en libertad la acusación por el delito de extorsión que se habría revelado en los llamados “pepe audios”, publicados en mayo del 2015. Las “lentejas” que se aluden en una conversación grabada sería una coima que solicitaba Gutiérrez a su interlocutor. Un pago que aparentemente serviría, en el 2010, para detener las protestas en contra del proyecto Tía María, ubicado en el distrito de Cocachacra (provincia de Islay, Arequipa).

El caso Gutiérrez nos recuerda otros hechos violentos ocurridos en Conga (Cajamarca), Antapaccay (Cusco) y Santa Ana (Puno). Protestas que han dejado personas fallecidas y daños a la propiedad pública, y que fueron protagonizadas por la izquierda radical, con la finalidad de detener los proyectos mineros.

Por los disturbios en contra del proyecto Conga, de noviembre de 2011, Wilfredo Saavedra Marreros fue condenado a cuatro años de prisión suspendida, por el delito contra la seguridad pública. Saavedra, como presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, fue el principal azuzador en contra del proyecto cuprífero de Cajamarca. Ex militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Saavedra ya había sido sentenciado antes por haber dinamitado el Juzgado Mixto de San Marcos. En setiembre próximo se vence su condena y es seguro que se le volverá a ver muy campante, haciendo lo que más sabe: aterrorizar con relatos falsos a los pobladores más pobres de las zonas mineras del país.

Óscar Mollohuanca, ex alcalde de la provincia de Espinar (Cusco) es otro conocido antiminero radical. Junto a otros dos acusados fue absuelto por el Poder Judicial después de cuatro intentos de acusación del Ministerio Público. El ex alcalde de Espinar fue investigado por los delitos de apología al delito, disturbios, entorpecimiento de los servicios públicos y atentado contra la seguridad común por los sucesos ocurridos en mayo del 2012 en contra del proyecto Antapaccay, ubicado en la provincia de Espinar. Por entonces, la ex congresista Verónika Mendoza manipuló un informe que fue utilizado por Mollohuanca para —según él— alertar a la población sobre un inminente “peligro de muerte” por las aguas y los pastos contaminados. Las protestas violentas terminaron con cuatro personas fallecidas y seis heridos. Durante la protesta, la policía encontró aparatos explosivos en las camionetas del serenazgo de Espinar. Durante el proceso judicial, Mollohuanca tuvo el auspicio de Amnistía Internacional, la ONG del informe denominado Estado tóxico, un relato lleno de inexactitudes y cuyo único propósito era confundir a la población para desprestigiar al Estado peruano y a la minería moderna y responsable.

En diciembre del 2017 la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno confirmó la sentencia de siete años de prisión contra Walter Aduviri Calisaya, por el delito contra la paz pública en forma de disturbio por el caso denominado Aimarazo, que en mayo del 2011 hizo que el gobierno de Alan García cancelara la concesión del proyecto de plata Santa Ana, ubicado en distrito de Huacullani (provincia de Chucuito, Puno). Al respecto, la compañía canadiense Bear Creek Mining llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Luego del proceso, Perú le debe reconocer a la minera US$ 24,223 millones más los intereses fijados. Aduviri se encuentra prófugo de la justicia. Sus abogados dicen que puede ser candidato al gobierno regional de Puno este 2018, alegando que su sentencia no está confirmada ni es firme. En Puno los pobladores aimaras salieron a protestar en contra de la confirmación de la sentencia contra Aduviri.

“No me digas que no hay dinero. Ahí sí les incendio Troya”, se le oye decir a Pepe Julio Gutiérrez en uno de los audios que probarían el delito de extorsión en contra de la compañía Southern Perú. Con todas las evidencias en su contra, el radicalismo ha optado por victimizarse, y argumenta la existencia de una política de criminalización de la protesta ciudadana para acallar a los poblados. No dicen que sus protestas son sumamente violentas, con saldo de muertos, heridos, daños económicos y destrucción material.