Absurda demonización del minero artesanal

En los diferentes gremios de los mineros artesanales se ha comenzado a gestar la impresión de que el Gobierno de Martín Vizcarra mantendrá la legislación que ha convertido el proceso de formalización minera en un verdadero fracaso. Un despropósito del Ejecutivo que puede terminar empujando a más de 400,000 mineros artesanales —una fuerza proempresarial y promercado— a la influencias nocivas del antisistema, que pretende representar sus reivindicaciones.

Unos días atrás se programó una reunión entre el ministro de Energía, Francisco Ísmodes, y los gremios de los mineros artesanales; pero el titular del despacho no estuvo presente. En su reemplazo participó en la junta Hernán Valdivia Misad, un funcionario que fue el brazo derecho del ex ministro del Interior Daniel Urresti, en las políticas de interdicción de los activos de los mineros artesanales. Si a estos hechos le sumamos que el nuevo titular del MEM ha removido a José Farfán Estrada de la Dirección General de Formalización Minera, un funcionario que había logrado establecer fluida comunicación con los mineros artesanales, entonces la impresión negativa de los pequeños mineros se consolida. En este contexto, un posible conflicto social comienza a desarrollarse.

En el gobierno de Vizcarra parece creerse que el tema de la formalización minera se solucionará con cambios de funcionarios, y no con una reforma de la legislación que fue promulgada por el nacionalismo y continuó durante la administración pepekausa. ¿Por qué hablamos de fracaso de la formalización? Las cifras son incuestionables. De más de 400,000 mineros informales, solo 70,000 formularon una declaración de compromiso para iniciar el proceso, y apenas 30,000 pasaron a la etapa de saneamiento físico y legal. Sin embargo, únicamente 113 mineros artesanales lograron formalizarse. ¡Un fracaso incuestionable!

Las razones de este fracaso tienen que ver con la legislación promulgada por Manuel Pulgar Vidal cuando estaba al frente del Ministerio del Medio Ambiente, durante el nacionalismo. El Decreto Legislativo N° 1100 señala que los mineros artesanales que decidan formalizarse deben presentar las declaraciones juradas anuales de los últimos cinco años, el cálculo de las reservas probadas, los contratos de explotación de los yacimientos y el correspondiente RUC. La pregunta es: ¿qué minero informal puede presentar estos documentos? Ninguno, a menos que sea formal.

Otra norma, el Decreto Legislativo N° 1105, establece que el pequeño minero que incumple las regulaciones técnicas, administrativas, sociales o ambientales cae bajo la figura de minería ilegal. En otras palabras, todos los mineros artesanales o informales. ¿0 no? De esta manera, informal se vuelve sinónimo de ilegal. Durante el pepekausismo se mantuvo esta legislación y se agravaron las cosas: se promulgó el Decreto Legislativo N° 1244, que considera los delitos de minería ilegal como parte de la figura de crimen organizado. Toda la legislación armada para excluir a los mineros artesanales.

Con el fracaso de la formalización minera, todos perdemos. El Estado porque en el país se producen informalmente entre 3,000 y 5,000 kilos de oro mensuales, y cada año se llega a exportar aproximadamente US$ 2,500 millones. Algunos creen que demonizando las actividades de la minería artesanal las cosas cambiarán, pero está sucediendo todo lo contrario. La informalidad minera se está expandiendo en todo el país. Incluso, en Carabayllo y Cieneguilla, zonas cercanas a Lima, comienza a conocerse de estas actividades.

Con el fracaso de la formalización también pierde el medio ambiente, porque no hay posibilidades de desarrollar adecuadas políticas ambientales. También pierden los propios mineros artesanales que no pueden consolidar sus emprendimientos; pero sobre todo, pierde la democracia y la economía de mercado, porque la demonización del minero artesanal arroja a este poderoso sector social bajo la prédica de las propuestas antisistema.