Nadine, la justicia y el calvito

Sobre el fallo judicial a favor de Nadine Heredia y las agendas

El fallo judicial que cancela la investigación fiscal abierta a Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos es una demostración más de la debilidad institucional de nuestro país. En una democracia consolidada, el sistema de justicia actúa con absoluta independencia frente al poder político. En el Perú, el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una autonomía de papel, en los hechos están sometidos por el poder político, por más que ciertos políticos lo nieguen.

Un ejemplo ilustrativo de cómo trabaja una justicia autónoma es lo que vemos hoy en Brasil con el “caso Lava Jato”. A los magistrados de ese país no les ha temblado la mano para investigar, procesar, encarcelar y condenar a los más altos dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores. Ejercen su jurisdicción sobre el poder político con independencia, cumpliendo su deber de perseguir y castigar el delito.

Mientras en Brasil la justicia recibe muestras de aprecio y apoyo de la gente, en el Perú las encuestas indican que el 80% de los ciudadanos, en promedio, desaprueba al Poder Judicial, en una tendencia que se mantiene por décadas. Por eso estamos en el puesto 124 -entre 144 países- del ranking global de Independencia Judicial; y en el puesto 104 del ranking de Ética y Corrupción, ambos del Foro Económico Mundial.

La polémica resolución judicial a favor de Heredia parece darle la razón a un gran sector ciudadano que percibe que nuestra justicia se compra con poder o con dinero.

De otra parte, las agendas de Heredia han desatado una vorágine de denuncias de corrupción que parece no tener final. Las nuevas denuncias al respecto son tan categóricas que el Ministerio Público al parecer estaría formulando una nueva acusación en los próximos días y esta vez el Poder Judicial no tendría argumentos para archivarla.

La nueva estrategia del abogado de Heredia para evitar una segunda investigación fiscal se sostiene en el argumento de que las agendas no pueden servir de pruebas porque le fueron sustraídas a la primera dama y, por lo tanto, es muy probable que hayan sido manipuladas y alteradas en su contenido. “Están contaminadas”, sostiene el doctor Roy Gates.

Sin embargo, existe una amplia jurisprudencia penal que contradice esa estrategia. Por ejemplo, Vladimiro Montesinos trató impedir que los vídeos de la corrupción sean considerados pruebas en su contra utilizando el mismo argumento de Roy Gates, y la justicia rechazó semejante pedido tras ponderar el valor de los vídeos.

De esta manera, los jueces no podrían negarse hoy a admitir como pruebas las agendas sin riesgo a exponerse a una denuncia por presunto delito de prevaricato. Sería además un escándalo mayúsculo una resolución de esa naturaleza después de haberse hecho públicos los abundantes y consistentes indicios de presuntos delitos que contienen las agendas.

¿Cómo podría negarse un juez independiente a indagar, por ejemplo, la coincidencia entre los pagos de US$9,000 mensuales que empezó a recibir la señora Rocío Calderón después de que Heredia se reunió el presidente de la empresa brasileña OAS y su representante en el Perú? ¿Tiene algo que ver ello con que las dos damas usen la misma tarjeta de crédito? ¿Tiene que ver todo lo anterior con que OAS haya sido favorecida después por contratos con el Estado por S/.1,400 millones?

Además, la señora Heredia ha caído en gruesas contradicciones. Primero negó que las agendas existan, después dijo que eran montajes, luego denunció que se las robaron y ahora pretende que la justicia no investigue lo que contienen.

Por último, la justicia debe esclarecer quién es el “calvito barbón” que aparentemente le entregó a Heredia casi seis millones de dólares. ¿A cambio de qué dio esa suma, cuál fue el destino de ese dinero, fue declarado a las autoridades electorales y tributarias? Por cierto, ¡que coincidencia que el presidente de OAS es calvito y barbón!

Por: Víctor Robles Sosa