La batalla por Lima

Las elecciones municipales deberían ser las más cercanas a la vida cotidiana. Un alcalde no decide la política exterior ni controla la economía mundial, pero sí influye en lo que el vecino encuentra al salir de casa: calles, transporte, limpieza, espacios públicos y orden urbano. Por eso resulta decepcionante que, después de una feroz campaña nacional, Lima llegue a la recta final de su elección municipal con tantos candidatos y tan poca claridad sobre el futuro de la ciudad.

Esta contienda tiene una singularidad: Rafael López Aliaga vuelve al escenario limeño tras participar en la elección presidencial. Fue elegido alcalde para el periodo 2023-2026, aunque renunció al cargo en octubre de 2025. Ahora integra la lista de Renovación Popular como candidato a regidor, no como candidato formal a alcalde. Esa diferencia importa para que los electores sepan con precisión qué opción figura en la cédula y quién asumiría cada responsabilidad.

Mi valoración de su paso por la Municipalidad de Lima es favorable. Reconozco su capacidad para conducir las finanzas municipales, buscar recursos y sostener una gestión que, a mi juicio, merece respeto. Sus adversarios tienen derecho a cuestionar sus decisiones; los ciudadanos, a exigir cuentas sobre cada obra y cada compromiso. Pero una campaña seria debería discutir resultados verificables, no reemplazar la evaluación de una gestión por una sucesión de ataques.

Los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones reunieron a candidatos de numerosas organizaciones. Esa abundancia, sin embargo, no garantiza una diversidad de proyectos. Hasta ahora, la campaña ha dejado más consignas que respuestas sobre cómo conectar los distritos, reducir los tiempos de viaje, ordenar el crecimiento urbano y recuperar espacios públicos para quienes los usan cada día.

La seguridad ocupa, comprensiblemente, un lugar central. Pero prometer que un alcalde acabará por sí solo con la delincuencia confunde al elector. Cada postulante debería explicar qué puede hacer la municipalidad, qué depende de la Policía y qué acuerdos necesita con el Gobierno nacional. Lo mismo vale para el transporte: anunciar una obra no equivale a resolver el viaje de millones de personas.

Hay una pregunta aún más incómoda para todos los contendores: ¿con qué dinero cumplirán sus propuestas? Queremos conocer costos, fuentes de financiamiento, plazos y gastos de mantenimiento. También quién financia las campañas y qué equipos administrarán la ciudad. Son preguntas concretas, indispensables para distinguir un proyecto de gobierno de una pieza publicitaria.

Lima elegirá autoridades el 4 de octubre. Quedan pocos días para que los candidatos demuestren que pueden hablar de prioridades, responsabilidades y resultados medibles. López Aliaga debe someter su trayectoria al examen ciudadano; sus competidores deben ofrecer una alternativa que pueda compararse con ella. A mi juicio, todavía no han logrado hacerlo con suficiente fuerza. La capital merece una decisión informada y una campaña que mire más lejos que el próximo titular.