Darío Enríquez

Incentivos perversos, indisciplina e impunidad en nuestras escuelas

Crisis en instituciones educativas reflejan sociedad disfuncional

Incentivos perversos, indisciplina e impunidad en nuestras escuelas
Darío Enríquez
25 de septiembre del 2026

 

El reciente y gravísimo caso ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guisse, donde un grupo de adolescentes perpetró un acto de degradación física extrema contra un compañero de estudios, ha sacudido a la opinión pública. El hecho obliga a revisar la convivencia escolar. Más allá de la condena moral, revela un problema de larga gestación: progresivo desmantelamiento de la disciplina, pérdida de autoridad del profesorado e instauración de un modelo de gestión escolar caracterizado por benevolencia ilimitada y garantismo asimétrico favorable al infractor.

 

Disciplina e incentivos institucionales

Durante años, las escuelas han incorporado instrumentos de mediación terapéutica: habilidades blandas, empatía institucional, escucha activa y desaparición del castigo punitivo. Adoptados de manera acrítica y convertidos en dogma burocrático, estos instrumentos sufrieron una mutación peligrosa ¿Qué podría salir mal? En algunos contextos, se prioriza la comprensión psicológica del victimario por encima de la justicia hacia la víctima, mientras la firmeza institucional se califica como “autoritarismo”. Ante faltas graves, la respuesta focaliza talleres superficiales o mediaciones perpetuas que maquillan estadísticas, en lugar de aplicar sanciones proporcionales y efectivas.

 

Una lectura desde la Teoría de Juegos

Esta teoría ayuda a analizar el hecho. En cualquier estructura social, actores racionales calculan costes y beneficios según las reglas del entorno. Si un colegio adopta una postura hipergarantista, el coste de infringir normas disminuye significativamente, mientras aumentan los beneficios de la transgresión: estatus, dominación, violencia impune. Así, los incentivos perversos terminan imponiéndose.

La lógica de la Teoría de Juegos sugiere que, si una de las partes sabe con certeza que la contraparte responderá con comprensión, disculpas laxas y ausencia de consecuencias, tendrá pocos incentivos para cumplir su parte del contrato social. Sabe que siempre gana. La benevolencia institucional degenera así a favor de la indisciplina.

Frente a ello, una mal entendida justicia restaurativa corre el riesgo de convertirse en lo que algunos críticos denominan “justicia boba”: evita una sanción ejemplar y antepone un diálogo blando que el infractor percibe como debilidad e impunidad encubierta.

 

Distorsión de las jerarquías

En el caso del Liceo Guisse, este fenómeno se amplifica por una particularidad. Al estar adscrito a la Marina de Guerra, con un alumnado compuesto en su mayoría por hijos y nietos de oficiales, los rangos y códigos castrenses tienden a replicarse de manera informal dentro de la institución. Emergen así jerarquías de facto que afectan la autoridad pedagógica y civil que la escuela debe garantizar.



Diferencia, discriminación y cultura de convivencia

Debemos sumar la ligereza con que el debate público simplifica estos eventos recurriendo al comodín del racismo o el clasismo. Sin negarlos, la sociología peruana muestra que la propensión a discriminar y vejar “al otro” puede surgir de cualquier diferencia identitaria. Esto incluye factores regionales, rasgos físicos, formas de hablar o matices sutiles incluso dentro de un mismo estrato socioeconómico, étnico o “racial”.

La reflexión sobre nuestra cultura debe procurar objetividad y rigurosidad. Muchas formas de humor cotidiano, ni patología ni expresión necesariamente malintencionada, forman parte de cómo procesamos tensiones sociales, riéndonos de nosotros mismos y caricaturizando nuestros propios hábitos. Sin embargo, cuando ese humor popular se transmite a adolescentes sin mediación pedagógica, puede derivar en prácticas de escarnio y humillación.

La salida no consiste en fiscalizar cada palabra, sino en aprovechar esa misma capacidad de reírnos de nosotros mismos para hacer docencia, estableciendo límites no negociables que exige la vida social.

 

Conclusión

Tratar conductas que exigen sanción penal como si fueran meros “juegos juveniles” destruye el tejido social. Las habilidades blandas y el diálogo restaurativo son valiosos únicamente operando dentro de un marco de orden, responsabilidades y sanciones proporcionales.

Sin un principio de autoridad firme y un sistema donde la transgresión castigue al infractor en lugar de protegerlo mediante coartadas garantistas, las escuelas seguirán replicando disfunciones de nuestra sociedad. Lamentablemente, la violencia del más “fuerte” continuará imponiéndose sobre las normas de convivencia que toda comunidad necesita para sostenerse.

Darío Enríquez
25 de septiembre del 2026

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