Las reformas que educan, sanan y alimentan no se hacen con referéndum

El tema relevante de la coyuntura, marcada por el mensaje del presidente de la República, es el referéndum vinculado a la reforma del sistema de justicia y del sistema político. Se trata de un mecanismo constitucional que, a criterio de la doctrina, debe servir para fortalecer los sistemas democráticos, legitimando en las urnas ciertas decisiones de política pública que un Gobierno pretende ejecutar como parte de su accionar. La finalidad debe ser implementar soluciones a los grandes problemas del país y, con ello, otorgar mejores oportunidades a nuestros compatriotas.

La reforma del Sistema Nacional de Administración de Justicia es un tema que debe merecer, por parte de todos los involucrados, el mayor esfuerzo para lograr realmente un cambio significativo. Pero más importante aún, se debe asegurar su debida operatividad, por lo que la fórmula legal debe permitir una adecuada y óptima implementación. Una democracia sólida requiere de un Estado de derecho que cumpla realmente sus fines y cometidos. Y esto esencialmente pasa por tener un sistema de justicia que cumpla el rol de tutelar efectivamente los derechos e intereses de los justiciables, y que este servicio público realmente deje de mirar por el “rabillo” a determinados justiciables en función de su estatus.

En ese sentido, coincidimos con el Poder Ejecutivo en que el Perú debe afrontar hoy una gran reforma del Sistema Nacional de Administración de Justicia. Para ello es indispensable abrir espacio a un amplio debate, en el que los académicos y expertos expongan sus propuestas; y que el propio Poder Judicial, entre otros actores importantes, opine sobre la propuesta planteada. Finalmente será el Poder Legislativo, en uso de sus potestades constitucionales, el que dictamine y apruebe la fórmula legal que será sometida a referéndum, como resultado de este proceso de discusión y de generación de un necesario e indispensable consenso político.

Las otras dos propuestas —referidas al retorno al sistema bicameral y la no reelección de congresistas— terminan siendo contradictorias entre sí. Lo han señalado destacados expertos y juristas que han analizado una serie de inconsistencias en los textos de esas propuestas. Esto es lo que genera la premura. Ambas reformas se encuentran contenidas en el artículo 90 de nuestra Constitución, por lo que tocará definir los mecanismos para compatibilizar su fondo. Es decir, cómo hacemos para plantear un mecanismo de retorno a la bicameralidad contando con al menos un grupo de senadores que, siendo hoy congresistas, puedan tentar una reelección ¨inmediata¨ en el Senado. Hay varias fórmulas alternativas que podrían ser planteadas desde el Poder Legislativo para darle un contenido constitucional a la propuesta y hacerla viable en el menor tiempo posible. Y sin perder el objetivo de contar con un debate adecuado y, en lo posible, el consenso sobre la base de la propuesta del Poder Ejecutivo.

En este espacio de consenso que se plantea, parece contradictorio el mensaje del ministro de Justicia, Sr. Vicente Zevallos, quien no solo ha requerido, a nombre del Poder Ejecutivo, que las propuestas presentadas sean aprobadas para que se incluyan en el referéndum que se ha previsto ejecutar el 2 diciembre próximo, otorgándole a la reforma más importante de las última décadas un plazo de debate de aproximadamente cuatro (4) meses. Esto sería posible si las fuerzas políticas y el Poder Ejecutivo nos planteamos un escenario de discusión y debate permanente hasta lograr una fórmula satisfactoria para una reforma realmente trascendente del sistema de justicia. Pero ello no puede hacerse mediante una amenaza velada, de que si las propuestas son desnaturalizadas o siquiera modificadas recurrirán al mecanismo de referéndum ciudadano para su aprobación, en los términos exactos en que han sido presentadas al Poder Legislativo.

El esquema de procurar consensos en un escenario de trabajo conjunto y de concordia no resulta ajeno al Congreso y Poder Ejecutivo. Tenemos la experiencia de la aprobación del marco legal para la Reconstrucción con Cambios, una ley que se aprobó en tan sólo nueve (9) días, contando para ello con una estrecha participación de los equipos técnicos de ambos poderes; así como con la participación de congresistas, ministros y el premier, en largas jornadas de trabajo conjunto. Es lo que demanda una actitud constructiva de las fuerzas políticas, de cara al futuro.

Finalmente, si bien el referéndum puede ser un tema importante y de especial interés para el presidente de la República, la agenda país deberá trascender este aspecto. Necesitamos reformas pensadas en los peruanos más vulnerables, como nuestros niños y ancianos del sur del país, quienes siguen muriendo por el frío extremo pese a las ingentes cantidades recursos energéticos con los que cuenta el Perú, que pueden mitigar los efectos de las heladas. Medidas de políticas públicas que busquen transformar nuestra educación y nuestro sistema de salud pública, y que resulten fundamentales para desterrar en el futuro la corrupción. Son elementos fundamentales de movilidad social, y su pésimo funcionamiento arrebata día a día oportunidades a miles de peruanos. En otras palabras, necesitamos reformas que sanen a los enfermos y procuren una mejor educación para los que más la necesitan, para dotar a los pobres de herramientas y oportunidades que rompan el círculo vicioso de la pobreza. La agenda país debe ser de largo plazo, no de coyunturas.

La situación de crisis que atraviesa el país lo amerita. No es momento de confrontar, de amenazar, ni de imponer plazos y criterios. La reforma del Sistema Nacional de Administración de Justicia constituye quizá la oportunidad más grande de las últimas décadas para transformar la justicia en nuestro país. Una reforma que demanda trabajo conjunto, pero con respeto de la institucionalidad y, sobre todo, la generación de consensos. Asimismo, necesitamos emprender las reformas trascendentes que nuestro país requiere, vinculadas con la educación, la salud pública, la seguridad y la generación de empleos. Basta de caudillismos y populismos, que en el pasado han generado costos sociales y económicos muy altos para nuestro país. Hagamos un cambio de verdad. Esta es nuestra oportunidad.