Darío Enríquez

Darío Enríquez

¿Estamos regresando a los tenebrosos ochenta?

Economía irracional e impunidad para apologistas del terrorismo

¿Estamos regresando a los tenebrosos ochenta?
Darío Enríquez
16 de mayo del 2018

 

Sería exagerado hacer una afirmación como esa. La fuerza de las reformas de los noventa ha sostenido durante casi tres décadas una etapa inédita de prosperidad en el Perú. Por otro lado, la derrota del terrorismo —también en los noventa— fue de tal contundencia que solo quedaron remanentes ligados al narcotráfico en el VRAEM. Pero debemos tomar conciencia de que se trata de un riesgo real. Se comete tal cantidad de errores en el manejo gubernamental que su efecto acumulado ha empezado a afectar seriamente el crecimiento. Además, el reagrupamiento ideológico de los terroristas y sus primos hermanos con representación parlamentaria prende una luz de alerta, porque fue así como se incubó el abominable terrorismo a fines de los setenta e inicios de los ochenta.

El camino que debe seguir el Gobierno para relanzar el proceso virtuoso de inversión, crecimiento económico y reducción de la pobreza es el de una segunda ola de reformas que abran mayores espacios de libertad, estimulando emprendimientos productivos para que nuestra economía recobre el dinamismo y el vigor que tuvo. En vez de ello, lúgubres nuevos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas apuestan por “gasolinazos” y absurdos incrementos en el impuesto selectivo al consumo. Ni un ápice de mejoras en los servicios de educación, salud y seguridad que deben brindar sobre la base de impuestos que ya se cobran. La voracidad de un Estado ineficaz es insaciable.

Por otro lado, la firmeza que deben mostrar tanto el Gobierno (¿cuál Gobierno?) como los partidos políticos (¿cuáles partidos?) en la lucha legal e ideológica contra el terrorismo simplemente brilla por su ausencia. Los cabecillas más sanguinarios son puestos en libertad gracias a la reducción de penas que facilitaron infames teorías aplicadas en los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, de la mano del nefasto Diego García Sayán. Asesinos que deberían purgar cadena perpetua redujeron su condena a un máximo de 25 años y a veces menos.

Así, la izquierda genocida se reagrupa y sostiene en el brazo legal de una izquierda parlamentaria que provee de ese modo una fuente de financiamiento estatal con el festín de puestos parasitarios en el aparato legislativo. Hay más gente “trabajando” (véase las comillas) en los saturados pasillos y oficinas del Congreso que policías patrullando las zonas de mayor peligrosidad, más que profesores de informática o idiomas en los colegios estatales, más que auxiliares, enfermeras y médicos con mínimo equipamiento en el Hospital del Niño. En esa punible complicidad para desfalcar el erario nacional concurren lamentablemente todos los grupos políticos.

No se aprecian aún resultados concretos en un Gobierno que —debemos decirlo— apenas inicia su gestión. Algunos gestos fueron interesantes al inicio, cuando el flamante presidente Vizcarra visitaba sin aviso previo hospitales, escuelas y comisarías, o inspeccionaba las obras de reconstrucción en el norte del país. Pero el nivel de desmadre económico dejado por Ollanta y agravado por Kuczynski —ambos compitiendo en ineptitud y desidia— es más crítico de lo que se pensaba.

Los procesos anticorrupción avanzan a paso lento, y quienes delinquieron desde las altas instancias del Estado aún mantienen poder. Fue absolutamente vergonzoso comprobar que Ollanta y Nadine aún ejercen control sobre el Tribunal Constitucional, lo muestran sin escrúpulo alguno. La infame campaña montada por la concentración de medios y los poderes fácticos —cómplices de la megacorrupción— contra el juez Concepción Carhuancho acumula impotencia, ira y desesperanza entre la mayoría de los peruanos.

El Gobierno actúa de modo irracional buscando obtener rentas “de donde sea”, sin que haya movimiento alguno en la dirección correcta, de reducir gastos y fomentar inversión productiva. En su lugar, el Gobierno pretende financiar el exceso de gasto validándolo en el tiempo. Los incentivos a la inversión decaen y no se hace nada en la línea de mejorar el clima de negocios con mayores libertades económicas. Si la fiesta del próximo Mundial de Fútbol es lo que el Gobierno estaba esperando, parece que la sanción a Guerrero complica tal propósito. De nada sirve “ganar tiempo” (¿para qué?) apostando por el humo vano y azaroso de un balón rodando por el césped. Estamos en los descuentos, solo vale hacer las cosas bien.

 

Darío Enríquez
16 de mayo del 2018

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