El destino nos alcanzó

Hace años que se nos advirtió que sin reformas institucionales el crecimiento se estancaría

A todos nos preocupa que la creciente hegemonía política de movimientos regionales haya puesto en jaque el crecimiento económico. Sin embargo, diversas instituciones como el Foro Económico Mundial (WEF) y el Banco Central de Reserva (BCR) ya nos habían advertido, durante años, que dicho crecimiento sería dañado, tarde o temprano, por nuestra debilidad institucional. Lamentablemente, la clase dirigente nacional no entendió esas advertencias y hoy pagamos las consecuencias: El destino nos ha alcanzado.

El punto es que esas debilidades se han ahondado -sobre todo en el actual quinquenio- porque hemos sido incapaces de construir acuerdos para impulsar las reformas necesarias para superarlas. Las debilidades se concentran en dos rubros: instituciones y capital humano. Y entre ellas destacan negativamente la confianza en la clase política (origen de la fragmentación), protección de la propiedad intelectual, autonomía del sistema de justicia,  seguridad pública, regulaciones gubernamentales y calidad del sistema educativo, en particular la educación primaria y la enseñanza de ciencias y matemáticas. También esto fue advertido por el WEF.

Y no obstante, hemos dejado que aquellos pronósticos se cumplan: El inmenso bosque de regulaciones ha propiciado la caída de la inversión privada, frenando así el crecimiento de la economía que nos ha permitido reducir la pobreza y la desigualdad como nunca antes. La creciente inseguridad crea zozobra, inestabilidad política y ahuyenta los capitales. La mala calidad educativa, además de producir cantidad de políticos sin valores ni escrúpulos, alimenta el sentimiento anti-inversión entre millones de desplazados en su propia tierra por mano de obra especializada necesaria en los proyectos de desarrollo.

La confianza en la clase política está por los suelos para mal de nuestra democracia y satisfacción de ciertos caciques inescrupulosos enemigos del sistema. Y la pobre justicia sigue siendo digitada por grupos de poder que la utilizan para sus ajustes de cuentas políticos sin reparar en el daño que le hacen al clima de inversión. ¿Qué tan atractivo puede ser para los inversionistas un país donde hay jueces que ceden fácil a intereses políticos?

Hay dos casos que merecen la reflexión de las autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso. El primero es la sentencia condenatoria del ex ministro de Justicia Aurelio Pastor y el segundo es un fallo igual contra oficiales del ejército acusados por una ONG. En ambos casos es notoria la ilegalidad de los fallos: Pastor fue hallado culpable de un delito propio de funcionarios públicos sin serlo, con el agravante de que nunca se consumó el tipo penal. Y los militares han sido sentenciados “en paquete” a 20 años de cárcel por el asesinato de presuntos terroristas en Huancayo -hace 25 años-, sin que se haya individualizado las responsabilidades penales, como lo manda  el Derecho. ¿De qué justicia se puede hablar si se actúa así?

El país necesita con urgencia fortalecer su institucionalidad para salir del estancamiento económico. Las medidas medidas económicas y administrativas que buscan reanimar el ritmo de crecimiento son positivas pero insuficientes. Lo que se requiere son reformas que recuperen y fortalezcan nuestras instituciones débiles. Aprendamos la lección que estamos pagando con nuestro crecimiento.