Caminando al desempleo

El pasado 11 de agosto el viceministro de promoción del empleo, Fernando Cuadros, anunció una nueva subida en el salario mínimo. La idea del Gobierno es implementarla en el segundo trimestre del año 2020 y el objetivo —como siempre— es garantizar que se cubra la canasta básica familiar y así beneficiar a todos los trabajadores. Se trata de una medida populista más de las que nos tiene acostumbrado el Gobierno porque, más allá de las buenas intenciones (suponiendo que existan), lo que cuentan son los resultados. Y desafortunadamente para el Gobierno, la experiencia y la evidencia empírica demuestran que este tipo de medidas no solo no benefician a los trabajadores, sino que generan una serie de efectos nefastos para toda la economía, especialmente para los trabajadores.

El salario mínimo viene aumentando gradualmente y el nuevo piso propuesto es de S/ 1,500 lo que —en los cálculos del ministerio de trabajo— alcanzaría para cubrir la canasta básica y asegurar un ingreso “digno” para los trabajadores. Si mejorar la situación de los trabajadores fuera tan sencillo como se pinta, ¿por qué no elevar todavía más el ingreso mínimo? Si esta es la solución, sería sencillo para el Gobierno incrementar el salario mínimo a S/ 10,000 mensuales, por ejemplo; y listo, tendríamos un sector laboral bastante pudiente y la pobreza quedaría superada en un dos por tres. Pues resulta que la economía, contrariamente a lo que la mayoría de personas cree, no funciona por decreto.

Tenemos que entender, en primer lugar, que el salario es un precio. Todos los precios se forman a través de los mecanismos de mercado; es decir, a través de la interacción de los agentes económicos. Solo el empleado y el empleador son los que deben determinar cuál será el salario que se le asignará al trabajador. En segundo lugar, si el salario es un precio que se define en la relación contractual empleado-empleador, el salario mínimo no es otra cosa que un control de precios y, como tal, funciona a partir de la imposición gubernamental.

Lo que el Estado termina haciendo es perjudicar a los trabajadores porque el empleador, para enfrentar el sobrecosto que le genera el aumento del salario mínimo, solo tiene dos opciones: o asume el sobrecosto y se lo traslada al trabajador en forma exclusiva; o no lo asume, queda al margen de la ley y pasa al sector informal, donde —fuera de tener que lidiar con todos los problemas que vienen con la informalidad— estará bajo constante persecución y amenaza de cierre. En cualquier caso, el gran perjudicado es el trabajador.

Y por si esto fuera poco, ¿qué es lo que pasa con los desempleados? Pues se quedan en el desempleo porque con un salario mínimo que sigue creciendo y sumado a los altos costos que el Estado cobra para poder abrir un negocio y contratar, es imposible que las empresas puedan expandirse y crecer. Y si las empresas no pueden maximizar beneficios, no pueden seguir invirtiendo; sin inversión, la calidad y la oferta laboral descienden y el desempleo crece. Es una receta sencilla para arruinar la economía de un país y condenar a la gente al desempleo.

Ese es el resultado esperado si se insiste con medidas populistas y demagógicas como el incremento del salario mínimo para los trabajadores. Y si todavía hay algo que no termina de quedar claro, habría que hacer una comparación simple respecto al salario de un trabajador en Suiza y de un trabajador en Venezuela. El primero, sin una ley de salario mínimo que lo “beneficie”, tiene un salario medio que está por encima de los 4,000 euros y no sufre ninguna carencia; el segundo, con el último incremento del salario mínimo —que ya supera los 2.5 millones de bolívares— no puede comer tres veces al día. La economía en Suiza es una maravilla y la gente vive muy bien, la economía en Venezuela es un desastre y la gente busca comida en la basura. Creo que la lección es bastante clara.