Universidad: Más sesgo anti-privado

¿El estado financiará competencia desleal de universidades privadas ineficientes?

Durante el Foro Internacional de Acreditación: “Retos en Latinoamérica”, organizado por Education Quality Accreditation Agency, Dante Córdova, uno de los encargados por el Ministerio de Educación para la reorganización del Sistema Nacional de Acreditación (Sineace), sostuvo que el Estado debería pagar la acreditación de las universidades públicas y las llamadas asociativas (Católica, Cayetano, por ejemplo) y discriminó a las universidades societarias, “porque la educación no es una mercancía”. A nuestro entender esta es otra confirmación más del sesgo anti inversión privada de la ley Universitaria recientemente aprobada.

Antes una aclaración de fondo: Aquí no estamos solicitando que se solvente la acreditación de las universidades privadas, pero sí queremos analizar porqué el Estado tendría, por ejemplo, que pagar las acreditaciones de la Católica, sobre todo, considerando el principio universal “a igual razón, igual derecho”.

Las universidades asociativas están obligadas por ley a reinvertir las utilidades que generan. Igualmente las universidades privadas gozan de beneficios tributarios cuando reinvierten sus utilidades en el proyecto universitario. La Católica está entre las universidades que cobran las pensiones más altas del sistema, recibe millonarios ingresos por el alquiler de un enorme centro comercial; sin embargo, no reinvierte sus utilidades al mismo ritmo que las privadas.

De allí que universidades como la UPC, San Ignacio de Loyola, Científica del Sur y Continental de Huancayo han comenzado a superar largamente a la Católica en infraestructura, tecnología y oferta educativa, además de cobrar pensiones más baratas, asequibles a la nueva clase media emergente.

¿Por qué La Católica comienza a rezagarse en infraestructura educativa? La respuesta es simple: las coaliciones y grupos de intereses que se han organizado a través de las autoridades destinan los fondos a incrementar las planillas y a solventar institutos e instituciones que acogen a las diversas facciones universitarias.

¿Por qué la animadversión contra las universidades privadas de excelencia? Por una sencilla razón: desnudan las deficiencias de la administración de la Católica. De allí que las coaliciones de ésta hayan encabezado el sesgo anti inversión privada de la nueva ley universitaria y la violación de la autonomía con la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). En otras palabras, la Católica no quiere competencia, por eso sus profesores mediáticos salen a demonizar la inversión privada en educación.

Pero la idea de que las universidades asociativas sean subsidiadas por el Estado en sus procesos de acreditación revela la enorme pechuga de estas coaliciones de interés que, con el cuento del “lucro”, quieren evitar la competencia y el emplazamiento del mercado (ver Universidad: sesgo anti-inversión)

La propuesta del señor Córdova es sumamente peligrosa porque pretende crear un sistema de competencia desleal a favor de las asociativas con el cuento de que aquellas buscan  “el interés general” (pese a las pensiones altas), y las privadas “persiguen el lucro”, no obstante éstas ofrecen mejor educación y más barata.

El importante papel de las universidades societarias en la transformación de la educación superior no es una simple frase. América Economía, una de las más importantes revistas latinoamericanas, acaba de publicar un ranking de calidad universitaria 2014, en el que las societarias representan el 40% de las mejores universidades del país. Es decir, universidades muy jóvenes, de apenas dos décadas, comienzan a disputar los primeros lugares gracias al papel de la inversión privada. ¿No suena a locura el sesgo anti inversión privada o acaso el eterno mercantilismo?