Desde tres décadas atrás –cuando se implementaron ...
Luego de las elecciones primarias, ya sea mediante el sufragio de los militantes o la elección de los delegados, el panorama del sistema político en el Perú es absolutamente desolador: alrededor de 35 candidaturas presidenciales y en un escenario en donde más de la mitad de los electores no sabe por quién votar por la sencilla razón de que no se sabe quiénes son los postulantes a la presidencia de la República ni a qué movimientos representan.
El problema es que nadie se imagina cómo se desenvolverán las cosas el día de las elecciones, con una cédula electoral convertida en una sábana inalcanzable. En este contexto, no solo será difícil votar, sino que será extremadamente complicado contabilizar los votos. Y, considerando el manual chavista en la región, que ordena impugnar todos los votos del adversario habidos y por haber, las autoridades del sistema electoral se convertirán en los jueces especiales para resolver los diferendos en la representación popular. Así sucedió en las elecciones pasadas, en las que los burócratas del sistema electoral se convirtieron en los árbitros de la elección.
A nuestro entender esta situación no es un resultado espontáneo, sino que es producto de la estrategia progresista que, en las últimas décadas, ha pretendido destruir a los partidos o la llamada partidocracia –es decir, el gobierno de los partidos– para crear un sistema de gobierno en que el centro de poder se traslade a organismos de la llamada sociedad civil. Es decir, un modelo de gobierno en el que hay elecciones con partidos, pero el gobierno real o la conducción efectiva del Estado se procesa a través de oenegés que no presentan programas de gobiernos, no ganan elecciones ni se someten a la fiscalización del elector.
Para avanzar a este ensayo institucional se relajaron los mecanismos de inscripción de los partidos, se fracturó la posibilidad de partidos nacionales (con la permisividad a los movimientos regionales) y se empoderó a las autoridades del sistema electoral en la vida interna de los partidos, de tal manera que la burocratización de la vida partidaria no tiene nada que envidiar a los pasados controles del sistema soviético. Y, en este contexto, más allá de los cambios desarrollados por el Legislativo, se restringió dramáticamente el aporte del sector privado a los partidos políticos.
En otras palabras, la crisis de los partidos, la terrible fragmentación del sistema político y las 35 candidaturas presidenciales que ensombrecen el futuro son el resultado directo de una feroz intervención del Estado en la vida de los partidos.
Sorprendentemente las oenegés que alentaron la intervención estatal en los partidos reclamaban libertad absoluta con respecto a los recientes cambios en la ley de oenegés que incrementa las funciones de control de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en los recursos externos que reciben las oenegés.
Los problemas de la fragmentación no solo incrementan los peligros en la elección, sino que amenazan a la gobernabilidad porque la balcanización en el Legislativo –otro resultado inevitable– imposibilita formar alianzas que le otorguen gobernabilidad al sistema político.
Ahora también vale anotar que, luego de las primarias, con la elección de los candidatos y las listas al Legislativo, es imposible que los movimientos y candidatos sigan pugnando por formar alianzas y crear convergencias, porque la ley ha sido redactada precisamente para impedir esta posibilidad y promover la fragmentación y el caos. Y hacia allí avanzamos.
A estas alturas es incuestionable que la reforma del sistema de partidos tiene que pasar por eliminar la terrible intervención estatal en la vida de los príncipes modernos. Las leyes deben normar lo necesario y dejar que los partidos y las partidocracias que de allí emerjan gobiernen el sistema republicano, tal como sucede en las repúblicas más longevas de la modernidad. Igualmente, se deben eliminar todas las restricciones al financiamiento privado de los partidos con la única exigencia de bancarizar y declarar a la autoridad tributaria las donaciones privadas.
En las próximas elecciones terminemos con esta locura y destrucción de los partidos y la democracia que ha organizado el progresismo en todas sus variantes y aprendamos de las grandes experiencias democráticas.
















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