Sesgo anti privado en la Sunedu

TC establece que contratos entre privados se pueden incumplir.                      

El 2015 empezó con malas noticias para la inversión privada en educación. Poco a poco, el Estado va organizando un modelo en que se busca desterrar la inversión en este sector. Hoy, algunos pueden sostener, por ejemplo, que existen “centros educativos que buscan el lucro y otros que están animados por fines sociales”. Si este razonamiento prospera, habrá surgido un cáncer peligroso para la economía de mercado.

Ni bien asumió el cargo Lorena Masías, la Superintendenta Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) dejó en claro sus prejuicios contra la inversión privada. Sobre la marcha, sin parpadear, señaló que existen 66 universidades privadas con licencia provisional y que si no se adecúan a los “estándares de calidad” tendrán que cerrar. Algo más: sostuvo que la ex Asamblea Nacional de Rectores (ANR) entregaba esas licencias. ¿No sabe acaso que las licencias provisionales eran parte del trámite regular de cualquier emprendimiento privado ante el Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu)? ¿No se da cuenta que con sus declaraciones producirá una estampida en los centros educativos? ¿Con  la Sunedu ya no existirá la licencia provisional sino definitiva? ¿Cómo? ¿No habrá pruebas, ensayos y errores?  O,  ¿la fundación de una universidad será un acto político, como antes lo hacía el Congreso? Veremos.

Las declaraciones de Masías confirman los peores temores sobre el sesgo contra la inversión privada de la Sunedu. Un grupo de universidades lideradas por la Católica quiere liquidar a la competencia. La razón es simple: se teme a  las privadas de excelencia por su enorme capacidad de reinvertir utilidades y se pretende que el Estado vuelva a ser “el salvador” frente a la mala educación privada (que innegablemente existe). En vez de empoderar a los consumidores, es decir, alumnos y padres de familia, con información sobre la demanda de las universidades y facultades en el mercado, se vuelve a empoderar al responsable de la mala educación: el Estado.

Pero las malas noticias contra la inversión privada en educación no se reducen a la Sunedu. El Tribunal Constitucional ha violado los principios de economía de mercado que consagra la Constitución: ha establecido que los usuarios de un centro privado pueden dejar de pagar sus pensiones hasta por seis meses, sin pagar mora, penalidades ni intereses reales. El efecto ha sido brutal. María  Isabel León, presidenta de Asiste Perú, ha señalado que los índices de morosidad se han elevado en algunas instituciones de 5% hasta un dramático 50%. Si el TC sostiene que algunos contratos entre privados se pueden incumplir, entonces, la economía de mercado está con la soga al cuello. Mañana serán las tarifas eléctricas, las telefónicas, hasta repetir las viejas historias que conocemos.

Cuando Humala quiso restablecer el monopolio en la refinación de los combustibles con la compra La Pampilla, el Perú se levantó como un puño e hizo escuchar su voz.  Si el gobierno manejaba los precios de los combustibles “con criterios sociales” la división entre “empresas sociales” (Petroperú) versus “empresas de lucro” era  la puerta de entrada de la receta económica chavista.

De una u otra manera lo que está sucediendo en el sector educación es ese mismo tipo de división. La Católica, por ejemplo, tiene “fines sociales”, no obstante que sus pensiones son bastante elevadas y reinvierte mucho menos utilidades que las privadas, pues la mayor parte se destina a viajes y eventos de los “profesores y grupos sociales”. En todo caso, se viene un debate fuerte, muy fuerte.

28 - Ene - 2015