Semana del ecologismo radical

Representantes del radicalismo ecológico se reunirán en Lima, entre el 27 de noviembre el 1 de diciembre, en la “Semana sobre la problemática de salud ambiental vinculada a las industrias extractivas en el país”. El objetivo del evento es oponerse a las inversiones mineras, de petróleo y de gas. Es por eso que los temas tienen una clara orientación anti inversión: “Espinar sigue esperando: entre la desidia del Estado y la urgencia de una población que sufre la contaminación con metales pesados” o “Lineamientos de política de salud pública para atender zonas contaminadas por metales pesados”.

El conglomerado antiminero —conformado por Cooperacción, Instituto de Defensa Legal, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Equidad, OXFAM, Comisión Episcopal de Acción Social, Red Muqui y Amnistía Internacional, entre otras— usará el informe denominado “Estado tóxico”, elaborado por Amnistía Internacional, para sostener una supuesta inoperancia del Estado frente a la contaminación generalizada que desarrollarían las industrias extractivas del país.

El informe “Estado tóxico” pretende llevar la lucha ideológica de los antimineros nacionales al plano internacional; es decir, presentar al Perú como un país en el que no se respetan los estándares ambientales internacionales, no obstante que la minería moderna peruana es un ejemplo de tecnologías y de relaciones armónicas con el medio ambiente. El gran problema de la minería moderna es, en realidad, el fracaso del Estado en la redistribución de la renta minera —que cobra a través de ingentes impuestos— mediante la construcción de carreteras, colegios, postas médicas e infraestructura a favor del desarrollo.

En este contexto, el radicalismo ambiental demoniza a la minería para detener la producción de minerales en el país y así ralentizar el crecimiento económico y el proceso de reducción de pobreza, con el objetivo de crear un escenario favorable para las fuerzas antisistema el 2021. Bueno, pues, la agenda y los objetivos del mencionado evento del radicalismo ambiental forman parte de esta estrategia.

Pero eso no es todo. Los ecologistas radicales solo asumen una pose en defensa del medio ambiente, porque en realidad la ecología no les importa demasiado. En el Perú el principal problema ambiental, que agobia a los más de 30 millones de peruanos, son los deshechos que se arrojan de las ciudades y poblados a los ríos y lagos de las tres vertientes: del Pacífico, del Atlántico y del Titicaca. En otras palabras, el Perú se ha convertido en un verdadero basurero porque no trata las aguas servidas y los desechos sólidos, y la mayoría de estos restos se arrojan a los ríos. ¿Qué dice el ecologismo radical al respecto? Nada. Todas las aguas del Perú, entonces, están contaminadas y no se dice ni pío.

Se carga en contra de la minería, no obstante que las minas del país solo utilizan menos del 2% del agua total disponible, la que se pierde en los océanos por falta de inversión en represas y reservorios y que se contamina por falta de sistemas de agua potable y desagüe, de tratamiento de aguas servidas y desechos sólidos. El ambientalismo de los ecologistas radicales entonces es totalmente falso.

El radicalismo antisistema y ecológico buscan paralizar las inversiones mineras para que el modelo económico y social —instaurado un cuarto de siglo atrás y que ha reducido la pobreza, del 60% a solo 20% de la población— fracase ante la impaciencia social. Pero este ambientalismo radical también intenta parar la producción minera —sobre todo la de cobre— porque es la manera más directa de ampliar sus posibilidades de financiamiento de los grandes traders mundiales de cobre, quienes ganan millonadas cuando se paralizan Conga y Tía María.