¿Se pierde el momento de las reformas?

No se concreta convergencia entre pepekausismo y fujimorismo

En el asunto de la delegación de facultades para legislar en cuanto a reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, anticorrupción, agua y saneamiento y la reorganización de Petroperú, de una u otra manera, y según algunos interpretaciones, parece haberse instalado cierta esperanza silenciosa, tanto en los predios del Ejecutivo como del Legislativo.

Se sostiene, por ejemplo, que en el Gabinete Zavala existe la sospecha de que la mayoría legislativa negará la solicitud para rebajar un punto del IGV porque las cuentas fiscales y la situación macroeconómica no están para ensayos. Cerrar un déficit fiscal de más de 3% del PBI, enfrentar una evidente caída en la recaudación y el aumento de la deuda pública en alrededor del 25%, en medio de una política de aumento del gasto fiscal —tal como se propone la administración PPK—, es una tarea de titanes o quizá imposible.

Una negativa del Congreso en este punto evitaría que el Ejecutivo aparezca ante la ciudadanía postergando una de las promesas electorales más caras de PPK. Pero, de otro lado, permitiría un margen de maniobra mayor para el Gobierno, que podría cargar las tintas contra el Legislativo en caso de que la reactivación y la formalización no avancen según lo planeado.

También se sostiene que en el Congreso existe también otra esperanza silenciosa: que en la delegación de facultades para la reactivación económica, el Ejecutivo se atreva a avanzar algunos pasos en la hoy casi imposible reforma laboral, sobre todo considerando los objetivos que la nueva administración se ha planteado en temas de formalización. De esta manera el fujimorismo lograría que el país concrete una reforma sin necesidad de asumir “posibles costos políticos” de cara al futuro.

Vale recordar la importancia vital que tiene una reforma laboral en el Perú para relanzar la economía, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza en el país, objetivos que no se pueden conseguir con el alto nivel de informalidad laboral. El Perú tiene uno de los regímenes laborales más costosos del planeta, con sistemas de contratación y de despido que imposibilitan que la pequeña empresa de los mercados populares pueda plantearse ingresar a la formalidad. Semejante situación determina que siete de cada diez trabajadores carezca de protección social y de salud. Entre los países de la Alianza del Pacífico el Perú tiene los sobrecostos laborales más altos, que representan el 60% del salario neto que recibe un trabajador.

¿A qué viene esta historia de esperanzas silenciosas en el Ejecutivo y el Legislativo? La ausencia de una convergencia real entre el Gobierno y el Congreso o entre el pepekausismo y el fujimorismo determina que los dos actores empiecen a calcular políticamente al margen de los intereses nacionales. Y semejante situación malgasta una enorme oportunidad para emprender reformas que solo podrán ejecutarse en un momento como este: cuando el Ejecutivo y el Legislativo gozan de una luna miel que —más allá de las diferencias— se refleja en los altos niveles de aprobación de ambas instituciones.

Todos los observadores señalan que si el Perú no avanza en el desarrollo de reformas estructurales —más allá de los planes establecidos en el Marco Macroeconómico Multianual— la economía peruana se sumergirá en una mediocridad parecida a la de la gestión pasada, del nacionalismo. Un escenario de ese tipo no le conviene al pepekausismo y menos al fujimorismo porque crearía un escenario favorable para las fuerzas antisistema que cuestionarían el “cuarto gobierno neoliberal” en democracia. Las esperanzas silenciosas entonces deberían convertirse en una política de convergencias de cara al país.