Reforma de la justicia y fin de la judicialización política

El presidente Martín Vizcarra acaba de señalar que “debe pulirse cualquier arista que pueda estar generando un desencuentro con la oposición”. Y agregó que él está dispuesto a hacerlo, sin desnaturalizar el objetivo de las reformas. El jefe de Estado ha cambiado radicalmente el tono luego de que en el discurso de Fiestas Patrias iniciará un abierto enfrentamiento con el Legislativo, con la extraña combinación de un referéndum y las reformas de los sistemas de justicia y político. El tono conciliador también se produce luego de los choques entre el propio Vizcarra y Keiko Fujimori alrededor del carácter reservado de las dos reuniones que ambos sostuvieron. Más allá de cualquier aproximación, pues, se abre un espacio decisivo para la concertación.

Semejantes hechos nos llevan a afirmar que, entonces, es absolutamente posible una nueva reunión entre Vizcarra y Keiko, pero de carácter público y con una agenda trabajada previamente con plenipotenciarios. De esta manera la nueva reunión entre los dos principales líderes del país permitiría concretar un camino para las reformas, y también establecer los diferendos y la manera de resolverlos.

Si ambos líderes emprendieran ese camino recogerían el clamor nacional que exige gobernabilidad, lucha contra la corrupción y las reformas mencionadas. El asunto del sistema de justicia es extremadamente urgente y no puede postergarse a las calendas griegas, sobre todo considerando que el Consejo Nacional de la Magistratura —encargado de nombrar e investigar a los magistrados— ha cesado en sus funciones hasta la esperada reforma. Si el Perú materializa la reforma del sistema de justicia, en la práctica le estaría agregando un nuevo piso institucional a una democracia que, no obstante sus graves problemas, avanza hacia la quinta elección nacional sin interrupciones. Pero no solo se abriría un camino de convergencias y concreción de reformas (política, laboral, de educación, de salud y de infraestructura), sino que le devolvería a la política su verdadera naturaleza: es decir, el espacio de la discusión de las decisiones públicas y las reformas institucionales.

¿Por qué es necesario recuperar la naturaleza real de la política? Desde el gobierno de Ollanta Humala hasta la pasada administración pepekausa, la política se volvió un campo de batalla judicial. Este fenómeno empezó durante el nadinismo, con la instrumentalización de la Megacomisión Tejada con el objeto de destruir políticamente a Alan García. Al final se demostró fehacientemente que todas las imputaciones contra el líder aprista eran falsas; sin embargo, él fue destruido políticamente. Allí reside la esencia de la judicialización. No en una investigación que desencadena un proceso o una sentencia.

Durante el pepekausismo, con el Congreso de mayoría opositora, los diversos sectores de izquierda se concentraron en el Ministerio Público para intentar judicializar a los adversarios, mientras se protegía a los implicados en el caso Lava Jato. De alguna manera los espacios para la judicialización de la política se han reducido considerablemente con la reciente decisión del Ministerio Público de establecer un acuerdo con la Procuraduría brasileña para lograr la colaboración de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Las pruebas y documentos que comprometen a Ollanta Humala, por ejemplo, acaban de conocerse.

Con semejante documentación e información parece poco probable que fiscales y jueces se dediquen a judicializar la política por quítame esta paja. Hoy las investigaciones van en serio y no dependen del rebote mediático, tal como sucedía hasta hace poco.

Por todas estas consideraciones la posibilidad de organizar un camino de convergencias entre Ejecutivo y Legislativo no solo adquiere una enorme importancia para concretar las reformas, sino que tiene mucho que ver con la posibilidad de que, no obstante su grave deterioro, las instituciones sigan funcionando y logren regenerarse. Es lo que ha sucedido en todas las democracias longevas.