La paradoja peruana: entre la prosperidad económica y la crisis de gobernabilidad

El Perú atraviesa una de las etapas más contradictorias de su historia contemporánea. A pesar de mantener indicadores económicos positivos y atraer inversiones extranjeras, el país vive inmerso en una profunda crisis política e institucional que amenaza con dilapidar los logros alcanzados. Esta paradoja —prosperidad económica sin estabilidad política— ha sumido al país en una encrucijada: aprovechar el crecimiento para fortalecer la democracia o ceder terreno ante el avance del crimen organizado y la deslegitimación del Estado.

Durante las últimas décadas, el Perú se consolidó como una de las economías más dinámicas de América Latina, con tasas de crecimiento sostenidas y mejoras en infraestructura. Sin embargo, este progreso material no ha sido acompañado por un fortalecimiento institucional. Por el contrario, el Estado se ha debilitado: el Ejecutivo responde de manera tardía, sin planes estratégicos claros, y los ciudadanos perciben a sus autoridades como distantes y desconectadas de la realidad social.

La parálisis del aparato estatal ha generado una administración reactiva, incapaz de anticiparse a los problemas estructurales del país. Esta falta de liderazgo y de visión de futuro no solo afecta la gobernabilidad, sino que incrementa la sensación de abandono entre la ciudadanía. En consecuencia, la confianza en las instituciones se ha erosionado, y la brecha entre el pueblo y la clase política se ha ampliado peligrosamente.

A este escenario de debilidad estatal se suma un factor alarmante: el crecimiento descontrolado de la delincuencia organizada. Grupos criminales se han expandido gracias a la corrupción, el narcotráfico y la inoperancia de las fuerzas de seguridad. Zonas enteras del país están hoy bajo la influencia de mafias que desafían abiertamente la autoridad del Estado, mientras la población vive con miedo e incertidumbre. La inseguridad se ha convertido en un problema estructural que no solo amenaza la paz social, sino que refleja la incapacidad del gobierno para cumplir con su función más básica: proteger a sus ciudadanos.

Esta crisis de seguridad es también un reflejo de la falta de inversión sostenida en las instituciones de justicia, en las fuerzas del orden y en mecanismos de control anticorrupción. El crecimiento económico, aunque real, no ha sido inclusivo ni ha logrado traducirse en una mejora tangible para la mayoría de los peruanos. Se vive un desarrollo sin equidad, donde una élite se beneficia del sistema mientras millones de ciudadanos permanecen al margen del bienestar prometido.

Frente a este panorama, las elecciones presidenciales de 2026 emergen como un momento decisivo. Más allá de elegir a un nuevo mandatario, este proceso electoral representa una oportunidad única para redefinir el rumbo del país. El Perú necesita un liderazgo firme, con visión de Estado y voluntad de enfrentar las raíces de su crisis. La ciudadanía no puede equivocarse otra vez. El momento exige responsabilidad, memoria y compromiso con un futuro donde la estabilidad política y la justicia social dejen de ser una promesa incumplida.