Profilaxis democrática

Destitución de fiscal e investigaciones a Orellana movilizan a instituciones del país             

La destitución del ex Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), es un hecho sin precedentes en nuestra breve historia constitucional desde que entró en vigencia nuestra Constitución, en 1993. En el nuevo ordenamiento jurídico, el encargado de la máxima sanción sobre jueces y fiscales no es un organismo político –como el Ejecutivo y el Legislativo- sino el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), una institución designada por diversos y plurales estamentos y que ahora se decidió por ejercer una de las máximas sanciones contra un magistrado supremo.

La situación de Ramos Heredia, de una u otra manera, era insostenible en el Ministerio Público. Cuatro acusaciones por supuestamente obstaculizar el trabajo de los fiscales en el caso “La Centralita” y otras que lo vinculan con la red de Orellana, complican su situación dentro del sistema de justicia. Si bien el sancionado tiene derecho a apelar la sanción, lo que ahora nos interesa resaltar es la capacidad de autoregeneración, de profilaxis, que todavía preserva nuestro sistema político. No obstante la crisis general de las instituciones democráticas, el descrédito del espacio público y los actores políticos, la destitución de una autoridad tan encumbrada es un evidente mensaje para la corrupción en general.

Le toca ahora al Ministerio Público ponerse a la altura de las circunstancias. La elección del nuevo Fiscal de la Nación, la autoridad que representa la defensa de la legalidad, debe superar todos los yerros que se cometieron en la elección de Ramos Heredia, que, incluso, motivó el apartamiento de algunos fiscales supremos. Si no se actúa en ese sentido, en el Ministerio Público no se habrá aprendido ninguna lección de este penoso desenlace institucional.

Otro ejemplo de la capacidad del sistema de autoregenerarse se expresa en las investigaciones que se desarrollan en contra de la organización criminal que dirigía Rodolfo Orellana. Jueces y fiscales, supremos y de otras instancias, comienzan a ser procesados y sancionados. Políticos, asesores y congresistas también empiezan a ser parte de las indagaciones. La sanción por 120 días en las funciones parlamentarias del congresista Heriberto Benítez es una decisión aleccionadora sobre la importancia de mover todos los resortes constitucionales para enfrentar estos casos.

Cualquier sea el enfoque, es difícil negar que la red de Orellana había cancelado parte del sistema político e institucional del país. Quizá el único caso en que una red criminal logró encumbrarse en las alturas del Estado sea el de Vladimiro Montesinos, en los noventa. La diferencia en los dos casos reside en que, en la democracia, existe una inmensa capacidad de profilaxis interna, y cuando cae la corrupción desde las alturas los contrapesos institucionales evitan que colapse todo el sistema. En el gobierno autoritario de los noventa, por el contrario, el destape de la corrupción se trajo abajo a todo el régimen.

En estos días en que el conflicto social de Tía María es un grito que nos enrostra el fracaso del Estado en todas las líneas, cuando el desborde de la criminalidad nos indica que tampoco existe autoridad ni en el centro ni en la periferia, vale recordar que la democracia es uno de los sistemas más resistentes a los fracasos, tal como viene sucediendo en el Perú. Un motivo para el optimismo.  En los regímenes que concentran el poder, por el contrario, el fracaso antecede a la caída general de un gobierno.

  15 - May - 2015