No legitimemos la estrategia radical

Oposición cree que violencia antiminera es asunto del gobierno pero erosiona autoridad.

Tres víctimas fatales, un policía y dos civiles;  más de una centena de heridos, la mayoría policías; millones de soles en pérdidas por los bloqueos de carreteras, y la paralización de US$ 1,400 millones en inversiones, es el resultado del conflicto social desatado por la implementación del proyecto Tía María. Los hechos se convierten en una imagen idéntica a la manera cómo se bloqueó la inversión de Conga en Cajamarca.

Ante los resultados siempre existirá la tentación de entender el fenómeno solo por la acción del radical antiminero, lo cual, a nuestro entender, es una gravísimo error.  Los conflictos sociales de Conga y Tía María se desataron por el fracaso del sistema político en general, no solo por los yerros del gobierno de Humala sino también por los de García y Toledo.

Una política aristocrática, indiferente a la provincia, que, con el boom minero, cobró para el Estado enormes sumas en impuestos  a las compañías mineras, pero no hizo obra en el interior. Es en ese contexto en que el discurso anti minero o cualquier discurso anti sistema que demoniza al estado y la empresa privada puede desarrollarse.

Los políticos que apuestan por la democracia y el mercado, pues, son los principales responsables del avance de la demagogia anti minera que, mediante psicosociales, crea pánicos en las localidades adyacentes a los proyectos mineros. “El polvo de los tajos de Tía María que afectarían la agricultura” y “la cabecera de cuenca de Conga” son dos ejemplos paradigmáticos de cómo el radicalismo crea mitos, leyendas y hechicerías sobre la conciencia de los ciudadanos. Pero las organizaciones políticas no dicen esta boca es mía y permanecen indiferentes ante semejante  tecnología de la mentira.

Cuando los fiscales y jueces se inhiben de detener a los radicales que bloquean carreteras, puentes y la infraestructura del país -violando las leyes y la Constitución-, ante la indolencia de los políticos del sistema, entonces, asistimos a otro gigantesco error. La oposición cree que solo es el problema del gobierno y en el espacio público se erosiona la idea de autoridad. Una administración sin respaldo político jamás podrá hacer escuchar su voz.

Con el sistema de justicia que colapsa en las áreas en conflicto, el policía se queda enfrente de la turba enardecida y, tarde o temprano, se producen las víctimas fatales.

La mayoría de analistas sostienen que el proyecto Tía María debe ser suspendido ante la irritación popular. Si ese fuese el caso, la democracia y el sistema político no debe legitimar la estrategia de radicalismo anti minero, sobre todo, pensando en el futuro. ¿A qué nos referimos? El radicalismo anti minero jamás triunfaría sin la violencia, los bloqueos de carreteras, los ataques a los policías y la infraestructura nacional y la consiguiente cuota de sangre.

Para que semejante estrategia con claros viso pre insurreccionales no se legitime (como sucedió en Conga), los activistas y dirigentes que desarrollaron estos “métodos de lucha” deberían ser procesados y encarcelados. El estado y el espacio público enviarían un mensaje clarísimo: nadie puede violar la Carta Política en base a la fuerza.  La violencia desatada en Cajamarca hasta hoy no tiene ningún procesado por la desgracia social que ha acarreado a ese departamento, sumido en la peor recesión del país y el crecimiento de la pobreza. No permitamos que algo parecido suceda en Arequipa.

11 - May - 2015