La comisión de Constitución del Congreso de la R...
Se avecina innecesario conflicto social para administración PPK
Algunos días atrás se reunieron el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo; el viceministro de Minas, Guillermo Shinno; y la directora general de Formalización del mencionado portafolio, Alessandra Herrera, con 8 representantes de federaciones de mineros artesanales. El motivo de la reunión era uno solo: el futuro de la formalización de la minería informal. Sin embargo el ministro y los funcionarios, en la práctica, negaron la posibilidad de instalar mesas técnicas para discutir la formalización de la minería artesanal.
Considerando que las diversas federaciones de mineros artesanales han acordado una acción de lucha nacional para el próximo 14 de noviembre es necesario preguntarse si no se estará creando de manera innecesaria una bomba de tiempo para la administración PPK. ¿Por qué vale la interrogante? Por la sencilla razón de que el proceso de formalización que desarrolló el nacionalismo es un verdadero fracaso: no se ha formalizado ni se ha preservado el medio ambiente.
Las cifras son incuestionables: de un universo de 400,000 mineros artesanales solo 70,000 se han acogido al proceso; es decir, han presentado una declaración de compromiso. Sin embargo, a la etapa de saneamiento solo han pasado alrededor de 28,000. Pero aquí viene lo dramático: solo 400 mineros artesanales han logrado formalizarse. Si los resultados son tan catastróficos, ¿no debería el Ministerio de Energía y Minas emitir señales de que se reformará la normatividad que ha llevado a semejante fracaso?
Durante el nacionalismo se promulgaron los nueve decretos legislativos que solo han logrado formalizar a 400 mineros artesanales. Las mencionadas normas tienen vigencia hasta el 2016. ¿La administración PPK mantendrá semejantes dispositivos legales? El ministro ha señalado que pretende formalizar al 50% de los mineros artesanales, ¿conseguirá ese objetivo manteniendo la normatividad de semejante fracaso? Si la ratificación de los viceministros del sector significa continuar con el fracaso nacionalista en formalización minera, entonces Tamayo no solo no formalizará ni protegerá el medio ambiente, sino que le creará un grave e innecesario problema social a la administración PPK.
Para entender la magnitud del problema social que representa la minería informal en el Perú siempre vale recordar las últimas declaraciones de don Alberto Benavides de la Quintana, fundador de la minería moderna en el Perú. El patriarca de la minería señaló que los mineros informales sumaban 400,000 personas, mientras que otro millón dependía directa e indirectamente de esta actividad. También aseveró que en cuanto a producción de oro y cobre la minería informal movilizaba alrededor de US$ 2,000 millones.
A entender de este portal no se puede formalizar con la demonización del minero artesanal que desarrolló el nacionalismo en el quinquenio pasado. El pequeño minero fue etiquetado como un simple trasgresor de la ley y un agente de contaminación ambiental, en vez de mirarlo como un potencial empresario que está buscando las herramientas legales y económicas para prosperar en una actividad rentable.
Muy por el contrario, si el Estado cambia de enfoque y contempla al pequeño minero como un protoempresario la posibilidad de legalizar a un ejército enorme de pequeños mineros que defiendan el medio ambiente se convertirá en una realidad. No solo ganará el Estado, porque una gran parte de la producción de oro que hoy se vende como contrabando en nuestras fronteras pagará impuestos al fisco, sino que se preservará el medio ambiente y los miles de campesinos transformados en mineros artesanales se amistarán con un Estado que apuesta a la formalización. El otro camino es el de la confrontación precisamente en zonas donde proliferan las fuerzas antisistema.
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