Minería ¿crimen contra la humanidad?

La campaña oculta y silenciosa para proscribir la actividad minera

Las campañas mediáticas y movilizaciones violentas dirigidas a parar las inversiones en recursos naturales, en particular las mineras, tienen dos grandes responsables. El Estado incapaz de transformar los cuantiosos ingresos que obtiene de la minería en progreso para los pueblos de los entornos mineros. Y los grupos extremistas que, bajo la coartada de la defensa del ambiente, solo quieren desestabilizar el modelo económico para que regrese el estatismo que nos empobreció.

Como ya lo hemos demostrado en otro artículo anterior, estos grupos actúan siguiendo una plantilla ideológica única y de manera coordinada. Cuando uno de ellos está en campaña contra un proyecto, los demás repiten las mentiras que sustentan el discurso “ambientalista” a través de una red de latinoamericana de ONG seudo-ambientalistas que manejan portales de Internet. Todas éstas tienen la misma matriz ideológica de raíces marxistas que se resumen en un nuevo “modelo de desarrollo” basado en el “eco-socialismo” o “socialismo ambiental”.

Resulta contradictorio que uno de los líderes de esta corriente sea el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien bajo la consigna “comunidad es armonía con la madre tierra, capitalismo es destrucción de la madre tierra”, propuso en la COP20 de Lima la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, para “juzgar a quienes contaminan nuestro planeta”. Y sin embargo Morales ha reprimido con fuerza a los pueblos indígenas que se oponen a la construcción de una carretera que atraviesa el parque nacional boliviano Isiboro-Secure.

La izquierda marxista internacional está debatiendo ahora la iniciativa de Morales junto con otra propuesta del abogado izquierdista argentino Eugenio Zaffaroni, quien sostiene que los “delitos contra el ambiente” deben ser incluidos en el Estatuto de Roma como “delitos de lesa humanidad” y, en consecuencia, serían juzgados por la Corte Penal Internacional y tendrían además el carácter de imprescriptible.

La propuesta de Zaffaroni, quien fue diputado (1997-2000) por la coalición socialista-comunista Frepaso, ha recibido el respaldo de las Madres de Mayo -defensoras de Abimael Guzmán en los foros internacionales-, del activista de izquierda Adolfo Pérez Esquivel (Nobel de la Paz 1980) y del ex juez español Baltazar Garzón, convertido hoy también en activista de izquierda.

A propósito de Garzón, éste ha planteado que se incluya los “ataques ambientales que causen o puedan causar miles de víctimas” como el quinto delito del Estatuto de Roma, bajo la tipificación de “ecocidio”. Los otros cuatro delitos de ese estatuto son: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.
¿Qué posibilidades hay de que semejante despropósito se haga realidad? Quien sabe. Por lo pronto, el señor Zaffaroni, fue elegido en enero pasado juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y probablemente dentro de poco será su presidente.

Silenciosa pero efectivamente, los ecosocialistas también han logrado que la eco-socialista Bolivia presida una mesa de trabajo sobre el ambiente en la COP20 y hace poco consiguieron que la asamblea anual del Banco Mundial-FMI recibiera en calidad de “víctimas de la minería” a Máxima Acuña y al antiminero Milton Sánchez (Tierra y Libertad). Acuña repitió su conocido discurso que dice que le quieren quitar su única tierra, cuando en realidad esa tierra era de su suegro -quien la vendió a la mina- y está demostrado además, con títulos registrados, que Acuña es propietaria de varios predios y ganado en Cajamarca.

Todo lo señalado es resultado de la manera organizada y coordinada como trabajan los grupos radicales, sin que las autoridades y las instituciones sociales sean capaces de denunciarlos de manera categórica ante el país y el resto del mundo.