Las interceptaciones se deben investigar

El viernes pasado la mayoría de limeños era presa del terror. Muy pocos aceptaban hablar por teléfono por miedo a que se grabaran sus conversaciones y determinados diálogos fueran publicados fuera de contexto.

Si bien los audios recientemente difundidos permitieron desvelar un repudiable tráfico de influencias de magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), del Poder Judicial y del Ministerio Público, desatando una justificada ola de indignación ciudadana, se hizo evidente la intención de utilizar las denuncias para echarle el  cadáver maloliente de la corrupción al Congreso (limpiando de paso a Toledo, Humala, PPK y Villarán), al fujimorismo y al aprismo.

En este contexto, un sector de medios, sin ninguna actitud crítica, se sumó a las estrategias de ciertos políticos, y por conversaciones de terceros se pretendió implicar al presidente Martín Vizcarra, a Keiko Fujimori, a Mauricio Mulder y a Alan García con la corrupción desvelada en los audios. El objetivo era burdo: lanzar a las masas contra el Legislativo, adelantar las elecciones y consolidar la impunidad de la mayoría de gobernantes de los últimos años.

Esta estrategia, de pretender implicar a algunos por conversaciones de terceros, desató la mencionada psicosis social. La Constitución y las leyes eran letra muerta, y el derecho a la privacidad de las comunicaciones no valía nada. Bueno, ante semejante situación, así como estamos urgidos de investigar, procesar y sentenciar a los magistrados corruptos, igualmente ha llegado la hora de enfrentar esta especie de poder oscuro que ha surgido en el país que, paradójicamente, imita todo el hardware y software del espionaje montesinista y las campañas de demolición del chavismo.

Veamos. Los primeros audios publicados revelaban un execrable tráfico de influencias que se debe procesar con la mayor celeridad, pero respetando el debido proceso establecido por la Carta Política. Sin embargo, alguien consideró que se debía lanzar una segunda ola de audios que no desvelaban un tráfico de influencias, pero que sí podían establecer algunas “conexiones”. Por ejemplo, el ex ministro de Justicia, Salvador Heresi, tuvo que renunciar por un diálogo anodino con uno de los implicados en el tráfico de influencias.

Asimismo, diálogos de terceros pretendían cargarse a Vizcarra y Keiko Fujimori, mientras se anunciaba que el domingo pasado iba a salir una bomba contra el jefe de Estado. Más tarde, en otro diálogo de terceros se pretendió implicar a Mauricio Mulder, el autor de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. La democracia era sustituida por la sociedad del chupón.

Ante esta situación se necesita que se restablezcan los equilibrios en la sociedad para desarmar este poder oscuro, el aparato de espionaje que parece haber surgido en medio de la democracia, y que pretende lanzar a las “masas en contra de la corrupción”, ignorando la Carta Política.

En este contexto, en el Congreso se debería formar una Comisión Investigadora sobre el espionaje en el Perú. Sin embargo de ninguna maner se debería citar a periodista alguno. Es una verdadera locura pretender enfrentar un aparato de espionaje citando a periodistas porque, en una democracia, no se puede matar al mensajero, más allá de que algunos tengo mucho de actores y de operadores políticos. Presionar al periodismo es la mejor manera de dejar intacto el aparato de espionaje, porque el poder oscuro se envuelve con las banderas de la libertad de prensa.

Sin embargo, una Comisión Investigadora del Congreso sí debería citar a policías, fiscales  y a todos los funcionarios que tienen que ver con el espionaje, autorizado o no autorizado judicialmente. No vaya a creerse que el asunto puede quedar a medias.  Si no se desarma esta maquinaria de espionaje, en una democracia polarizada como la nuestra, el mencionado aparato oscuro terminaría apoderándose de la sociedad.

En una sociedad con equilibrios no se puede permitir que la polarización política genere un aparato de espionaje para perseguir a los adversarios, en medio de una feroz judicialización del espacio público. Si los demócratas lo permiten, asistiremos a los funerales de la democracia.