La reacción conservadora

¿Cómo explicar el ascenso popular de Urresti si no está resolviendo la inseguridad?

El ministro del Interior, Daniel Urresti, se ha convertido en la figura más popular del régimen. En una reciente encuesta consigue cerca de 50 puntos de aprobación. Las mediáticas capturas de Benedicto Jiménez, de Rodolfo Orellana, y una frenética campaña han catapultado al titular del Interior como un actor relevante del escenario. Y algunos ya comienzan a mirarlo como un eventual candidato en las elecciones del 2016. Los “triunfos” de Urresti se producen no obstante que su gestión ha hecho cero reformas y  muestra cero resultados.

No creemos  que exista injusticia cuando se afirma que no hay ninguna  propuesta para el sector. Nadie sabe qué se va a hacer con la institución policial,  no se conoce ninguna política para coordinar el quehacer de la policía, del Inpe, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Y menos todavía se conoce alguna fórmula para vincular la seguridad ciudadana con los gobiernos locales y regionales. ¿Cómo entonces explicar el ascenso de Urresti? ¿Cómo explicar los sentidos aplausos de un sector de participantes en la última Cade?

Ante la sensación  de desamparo general por el desborde social de la criminalidad que, incluso, comienza a apoderarse de territorios en “base a un orden del delito” (Trujillo, sur de Lima y zonas de San Juan de Lurigancho) en algunos sectores altos y bajos de la sociedad peruana se comienza a reclamar por una mano fuerte que ponga en vereda a la criminalidad.

El desorden produce la demanda de orden. Y, no obstante todos sus fracasos y evidentes incapacidades, Urresti comienza a aparecer como el hombre capaz de satisfacer el reclamo de autoridad. Los cerca de 50 puntos de aprobación se explican solo por esa razón. No hay otra. Es la clásica reacción conservadora de amplios sectores de la sociedad ante las debilidades y fisuras del Estado. El problema es que estos reflejos conservadores han terminado tragándose la democracia en el Perú y en América Latina.

Ante la incapacidad de los sectores democráticos y libertarios en construir una alternativa de abajo hacia arriba, las crisis siempre consolidan las propuestas y humores que vienen de arriba hacia abajo. En el caso de la seguridad ciudadana asistimos una clara reedición de este fenómeno.

Así como la sociedad peruana venció al terrorismo de Sendero Luminoso en los ochenta con una gesta de abajo hacia arriba, la única manera de detener el desborde social de la criminalidad, una clara expresión de nuestro crecimiento con anemia institucional, es mediante una estrategia que movilice a los gobiernos locales, regionales, a los partidos, a las organizaciones sociales desde la base hacia la cúspide del Estado. Una movilización de esa magnitud reconstruirá el tejido institucional de la sociedad y reduciría el espacio de la criminalidad.

Pero una estrategia de esa naturaleza está reñida con el camino mediático de alguien que pretende erigirse “en representación del orden”. Es hora de que los líderes democráticos cojan, como se dice, el rábano por las hojas y denuncien que en Trujillo los ciudadanos y los empresarios no solo tienen que pagar sus impuestos al Estado, sino que deben cancelar el “tributo” a un orden organizado sobre varias bandas criminales. Lo mismo sucede en el sur de Lima y con los negocios de la avenida Gran Chimú en San Juan de Lurigancho.

El Perú se está repletando de territorios liberados de la autoridad estatal, de pequeños Chicago de los años 30 y, sin embargo, un ministro que exacerba el histrionismo mediático hasta el límite pretende aparecer como el salvador de su propio fracaso. Si los demócratas y libertarios callan sobre el tema, entonces, tarde o temprano, lamentaremos amenazas a la libertad.