¡La libertad de prensa en el candelero!

El proyecto del congresista Mauricio Mulder, que propone prohibir la publicidad estatal en los medios, si bien plantea reparos justificados, porque es evidente que las políticas de Estado necesitan de estrategias publicitarias masivas en medios privados de alcance nacional, es evidente que ha desatado un debate interesante alrededor de la libertad de prensa, un debate que debe continuar y profundizarse.

La libertad de prensa —a diferencia de la libertad de expresión— siempre ha avanzado en medio de un campo de batalla ideológica sin cuartel en los últimos dos siglos, entre las propuestas liberales (que defienden la libertad frente al Estado) y los colectivismos de izquierda o de derecha. En este debate los colectivismos han ninguneado la propiedad privada de los medios de comunicación y han creado al “periodista héroe”, contrapuesto al propietario de los medios; o en muchos casos han erigido al Estado como el defensor de la libertad. Más allá de que exista cierta racionalidad en estas aproximaciones, ¿qué sucedería si no existiese la propiedad privada de los medios de comunicación? La respuesta es simple: el propietario de los medios de comunicación sería el Estado, un partido único o quizá una teocracia religiosa.

Es imposible, entonces, concebir la libertad de prensa sin la propiedad privada de los medios de comunicación. Es la única garantía para garantizar la pluralidad de información frente a  la voluntad monopolizadora del Estado. Pero la propiedad privada de los medios de comunicación y, por lo tanto, la libertad de prensa solo pueden prosperar si las empresas periodísticas pelean abiertamente la publicidad del mercado y de la sociedad. ¿Cómo se disputa el mercado publicitario? Desarrollando una buena oferta informativa. ¿Cómo se desarrolla una buena información periodística? Contratando a los mejores periodistas. Si se analizara la historia de The New York Times o de The Washington Post encontraríamos muchas de estas regularidades mencionadas.

¿A qué viene todo esto? En el Perú, como en toda sociedad que pugna por consolidar una sociedad abierta, la libertad de prensa avanza a trompicones.  El fujimorato fue una de las experiencias más sofisticadas y  brutales, al mismo tiempo, del control de la prensa. Sin embargo con la democracia y la llegada del nacionalismo al poder empezó a surgir una tendencia preocupante en la relación entre el Estado y los medios: el acelerado incremento de la inversión publicitaria del Estado en la prensa que, en muchos casos, llega a sobrepasar el 70% de la pauta publicitaria de las empresas. ¿No estamos ante una forma sofisticada y velada de control estatal? ¿No es acaso justo hablar de una forma de estatización? ¿No es un peligro enorme para la democracia y la libertad?

Si bien en este portal consideramos un error prohibir la publicidad estatal en los medios de comunicación privados, convertir al Estado en el principal anunciante de los medios liquida la libertad de prensa y crea una estructura mercantil alrededor de ciertos medios, que es incompatible con una sociedad abierta.

Si los medios privados no son capaces de autosostenerse con la publicidad del mercado, entonces no son buenos medios, no tienen una oferta informativa viable y no tienen ninguna razón de existir. El Estado, pues, no se puede convertir en el gran benefactor mediático. En este contexto una idea constructiva podría ser, por ejemplo, que el Estado solo invierta hasta el 25% del total de la publicidad anual que logra vender un medio en el mercado. Si vendes 100 en el mercado, el Estado solo puede invertir hasta 25.  Para llegar a una fórmula de este tipo se requieren nuevas leyes, que el Estado informe sus gastos de publicidad, y que las empresas periodísticas se allanen a las reglas del mercado.

Durante el nacionalismo, Nadine Heredia en su afán de concretar la reelección conyugal, desarrollo un software perverso entre el Estado y los medios, que pasaba por incrementar la publicidad. De una u otra manera, el bloqueo actual de las instituciones de la democracia, las guerras entre Ejecutivo y Legislativo, y la judicialización de la política, tienen mucho que ver con esa práctica que la democracia y la construcción de una sociedad abierta deben superar.