La justicia de fiscalizar el financiamiento de las oenegés

Unos días atrás la Unión Europea emitió un comunicado negando cualquier posibilidad de que la entidad europea financiara a oenegés vinculadas con el intento de convocar a un paro nacional y resucitar las movilizaciones callejeras en contra del Ejecutivo y del Congreso. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es una oenegé que se ha sumado a la convocatoria de protestas y movilizaciones para este 28 y 29 de julio. En la página web de la Coordinadora se establece que, entre los sectores que brindan apoyo financiero a esta entidad, está la propia Unión Europea.

¿Qué nos revela esta situación? Que en la propia Unión Europea debería existir el mayor interés en que se apruebe el proyecto propuesto por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que amplía las funciones de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el control del financiamiento de las oenegés y establece un sistema de registro de estas asociaciones civiles a cargo de la autoridad tributaria y el Ministerio de Economía y Finanzas. Además, el mencionado proyecto obliga a presentar informes periódicos sobre las acciones desarrolladas para conseguir los objetivos planteados en los proyectos financiados.

Si observamos las cosas desde la buena voluntad, es evidente que en la UE no hay información sobre cómo se utilizan los recursos destinados a las oenegés en el país. Y es incuestionable que la aprobación de la ley que amplía las funciones de la APCI en el control de estas entidades se convertirá en una herramienta para superar la desinformación.

Vale recordar que en Perú se ha desatado un intenso debate alrededor del proyecto aprobado en la comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo. Los sectores progresistas, las oenegés de izquierda y otros sectores, han iniciado una especie de guerra del fin del mundo señalando que se pretende acabar con cualquier forma de participación ciudadana. Incluso hubo un pronunciamiento extremadamente impertinente de varias embajadas, entre las que destacaban varias de los países de la UE.

Sin embargo, a medida que se desarrollaba el debate quedó absolutamente claro que el proyecto aprobado en el Legislativo peruano solo replicaba las leyes de los Estados Unidos, del Reino Unido y otros países occidentales sobre la fiscalización del financiamiento de las oenegés. Es más, las legislaciones occidentales, incluso, tienen penas más severas para las oenegés que intenten substraerse del sistema de fiscalización establecido.

Por otro lado, los senados de la Argentina y del Paraguay acaban de aprobar leyes en el mismo sentido y los proyectos están a la espera de la aprobación de las respectivas cámaras de diputados.

¿Qué significan todos estos hechos? Simplemente que ninguna sociedad que pretende preservar su soberanía, el imperio de la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales, puede renunciar a fiscalizar el financiamiento externo de las oenegés. Imaginemos que en los Estados Unidos y el Reino Unido no existieran controles severos del financiamiento externo. ¿Acaso el terrorismo fundamentalista, que cuenta con enormes recursos, no se atrevería a financiar abiertamente a los enemigos de la sociedad occidental? No se necesita ser un especialista para intuir la respuesta.

Es incuestionable, pues, que no existen argumentos válidos para oponerse a que el Congreso apruebe la norma que fiscaliza el financiamiento de las oenegés, más allá de los razonamientos ideológicos. El Perú necesita seguir afirmando su soberanía y su Estado de derecho, y por esas razones el Congreso debe aprobar la ley sobre las oenegés.