La hora de la formalización minera

Ha trascendido que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, se ha reunido con los dirigentes de los mineros artesanales del Perú y habría señalado que el nuevo Ejecutivo está dispuesto a revisar y a modificar toda la legislación nacional que ha impedido la formalización de más de 400,000 mineros artesanales. Una extraordinaria noticia, considerando que el clamoroso fracaso de la formalización solo alimenta a las propuestas antisistema que buscan enfrentar a la pequeña minería con la gran minería.

Si a esta buena noticia le agregamos el hecho de que en el Congreso existe buena voluntad para avanzar en el problema, una buena voluntad que no se concretó por las guerras políticas entre Ejecutivo Legislativo, entonces se podría sostener que ha llegado la hora de formalizar a la minería en el Perú. Ambos poderes del Estado deberían converger en una voluntad de superar uno de los problemas sociales que pueden afectar la gobernabilidad.

El fracaso de la formalización minera —que se basó en la legislación implementada por Manuel Pulgar Vidal durante el pasado nacionalismo— resulta incuestionable. De un total de 400,000 mineros artesanales, solo 70,000 firmaron una declaración de compromiso para ingresar al proceso. Sin embargo apenas 30,000 pasaron a la etapa de saneamiento legal y solo 112 se formalizaron durante la administración Humala. Ahora se dice que con el sistema de Registro Integral de Formalización Minera se logrará formalizar a 15,000 pequeños mineros.

¿Cómo se explica el fracaso de la formalización minera? Por que se pretendió excluir adrede al pequeño minero de la economía capitalista y de los derechos empresariales. Pulgar Vidal se convirtió en el principal enemigo de la formalización. Durante su gestión en el Ministerio del Medio Ambiente se promulgaron los decretos legislativos N° 1100 y N° 1105 que organizan el proceso de formalización. La primera norma exige, por ejemplo, al pequeño minero las declaraciones juradas anuales de los últimos cinco años, el respectivo RUC, los contratos de explotación del yacimiento y el cálculo de las reservas probadas. Es decir, todos los requisitos que se demandan a la gran minería formal. ¿Qué productor artesanal podía formalizarse bajo esas condiciones?

El segundo decreto establece la definición de minería ilegal y el asunto se agrava. Se considera que cae bajo la figura de minería ilegal el productor que incumple regulaciones de carácter administrativo, técnico, social o ambiental. En otras palabras todo los mineros informales del país, porque todos ellos enfrentan problemas administrativos. ¿O no?

Pero la cereza del helado la puso la administración PPK con el impulso entusiasta de Marisol Pérez Tello en el sector justicia. Se publicó el Decreto Legislativo N° 1244, que señalaba que los delitos de minería ilegal deben ser considerados delitos de crimen organizado. Todas las puertas de la formalización minera estaban cerradas para los productores artesanales, con el agravante de la criminalización de sus actividades.

Si a esta legislación antiformalizadora le sumamos las acciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Sunat, el Ministerio del Ambiente y las interdicciones policiales —que solo buscan la multa, el embargo, la pérdida de dominio, antes que el desarrollo de una política estatal proformalización—, las cosas se han clarificado sobre por qué fracasó la formalización minera.

En cualquier caso, la posible buena voluntad del Ejecutivo y el Legislativo para resolver este problema es una gran noticia. Es más, si el Ejecutivo pretende enfrentar la corrupción no hay mejor medida que la formalización minera, porque anualmente se exportan como contrabando US$ 2,500 millones en oro a Bolivia y Ecuador, a través de una cadena interminable de burocracia estatal y policial de corrupción. Ojalá haya llegado la hora de formalizar a la minería artesanal.