La híper judicialización de la política

Cuando los políticos optan por la persecución en vez del diálogo y el acuerdo.    

 La situación política y judicial de Nadine Heredia por las acusaciones de transferencias de dinero de Venezuela, el uso de una tarjeta de crédito ajena, y sus gastos suntuosos difíciles de explicar, nos convoca una triste imagen en el Perú: el desenlace final de los “políticos moralizadores”.  Entre ellos estarían la mal llamada pareja presidencial, Alejandro Toledo, el congresista Heriberto Benítez, y la lista puede ser interminable. Todos ellos han terminado judicializados y enfrentando las mismas situaciones que pretendieron provocar en sus rivales.

Cuando los políticos le disputan al policía, al fiscal y al juez el trabajo de investigar y sancionar las irregularidades, la democracia puede terminar bloqueándose. Las cosas se enrarecen de tal forma que absurdos y arbitrariedades prosperan en el mundo mediático. Por ejemplo, los familiares de los 23 policías asesinados en Bagua han denunciado a Alan García y a sus ministros. ¿No se sabe acaso que la mayoría de policías fueron degollados cuando se habían entregado a “los nativos” y estaban desarmados? A este paso la política peruana va a terminar convirtiéndose en una gran tribunal donde los políticos se dedican a acusar y a defenderse. En algún momento semejante situación debería cambiar.

Cuando notamos la híper judicialización en las relaciones entre gobierno y oposición y la política en general, vale recordar cuál es la función principal del político. La política es el arte moderno que se inventó para que dentro de una comunidad los sectores rivales pudieran entenderse, construir acuerdos y pactos, evitando la guerra y la exclusión del oponente. Cuando los políticos actúan de esa manera construyen gobernabilidad, es decir, permiten que las instituciones de la democracia y la libertad le den trámite el conflicto público.

Construir gobernabilidad hoy, por ejemplo, equivaldría a que los políticos concentren sus energías en cómo enfrentar la desaceleración económica y el desborde de la criminalidad, y cómo abordar las reformas institucionales para darle viabilidad a nuestra joven democracia. Sin embargo los políticos solo dedican a afilar cuchillos para decapitar la siguiente cabeza.

A ningún peruano de buena voluntad le gusta la situación de la mal llamada pareja presidencial ni el calvario que les espera en el futuro. Pero son los vientos y tempestades que ellos mismos han sembrado a pulso. Durante los primeros dos años de la administración humalista, solo se dedicó a acusar y judicializar a sus potenciales rivales políticos. En los últimos dos años de gobierno solo se dedica a defenderse. Y los trapos siguen saliendo. Acaba de conocerse un desbalance de S/: 11 millones de soles del Partido Nacionalista en los organismos electorales.

Mientras estas guerras de acusaciones y defensas se suceden, el país sigue como una nave al garete. No solo la gobernabilidad está afectada con las acumulaciones del Congazo y el Tíamariazo sino que, por momentos, el aire enrarecido se desplaza hacia el cronograma electoral del 2016. De pronto, la ciudad se llena de rumores de un supuesto Humala con colmillos autoritarios. Desde esta esquina no creemos en esa posibilidad, pero el solo hecho de que se desaten ese tipo de especulaciones deteriora la democracia.

Quizá en este momento de sumas cero podríamos apostar por un acuerdo viable para garantizar algo de gobernabilidad y asegurar el calendario electoral: que los políticos saquen las manos de la policía, de las fiscalías y de los juzgados, y dejen hacer su trabajo a policías y magistrados. De lo contrario, que cambien de profesión.