La estrategia antiminera en el sur

Con el propósito de detener la producción de cobre, el movimiento antiminero promueve toda clase de conflictos en el denominado Corredor Minero del Sur (que comprende los departamentos de Apurímac, Arequipa y Cusco) para enfrentar a la población con las empresas mineras, sobre la base de problemas ficticios.

En noviembre pasado intentaron utilizar un desentendimiento sobre límites entre las comunidades de Quehuincha y Uchucarcco, en la provincia cusqueña de Chumbivilcas. Denunciaron falsamente que el conflicto territorial había sido ocasionado por “intereses económicos relacionados con el canon minero”. La denuncia provocó enfrentamientos violentos entre comuneros, ocasionando la muerte de una persona y decenas de heridos ante la impotencia de las autoridades policiales.

De acuerdo a ley, los gobiernos regionales se encargan de la gestión y delimitación de los territorios ubicados en sus jurisdicciones. En las provincias altas de Cusco existen problemas de delimitación y propiedad comunales pendientes de resolver. El caso de Quehuincha y Uchucarcco no es una disputa relacionada con el canon. La disputa entre las comunidades no tiene ninguna relación con las actividades mineras. Es un conflicto pendiente desde antes de las operaciones de la mina Constancia, en Chumbivilcas.

La extrema izquierda también organiza federaciones de mineros artesanales con el fin de oponerse a la minera moderna y responsable. Señala maliciosamente que el país debería retomar las actividades mineras de manera “social”, de acuerdo a las costumbres ancestrales. El relato tendencioso y falso tiene como fin establecer supuestos mineros artesanales en los terrenos concesionados a la minera Hudbay. Esta es otra manera de crear conflictos alrededor de la minería artesanal, desacreditando a la gran minería, cuyas operaciones cumplen escrupulosamente todos los parámetros ambientales normados por ley.

Sobre el uso de la vía pública, los asesores vinculados a las ONG del ambientalismo ideológico han logrado convencer a los dirigentes comunales sobre la obligación de pagar una “compensación” por parte de las mineras. Esa compensación no es otra cosa que un “cupo”, y una manera de apropiarse ilegalmente de las carreteras declaradas nacionales y no comunales. El cobro de cupos es otro intento de detener la producción de cobre en el sur. Afecta a la carretera que pasa por los distritos de Velille en Cusco y de Challhuahuacho en Apurímac, donde se desarrolla el proyecto La Bambas.

Sobre el agua, las publicaciones irresponsables señalan que están contaminadas por las actividades mineras. En la provincia de Espinar (Cusco), esa mentira ha sido propalada para organizar manifestaciones violentas; como las ocurridas en 2012, con el saldo de personas muertas y heridas. El portal Ojo Público (OP) se ha especializado en el tema. Para la vergüenza de OP, su último informe (de diciembre 2018) fue desmentido categóricamente. El informe del portal señalaba que el agua potable que consumían los pobladores de Espinar estaba contaminada con minerales fuera de los rangos establecidos por las normas. La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cusco tuvo que realizar nuevas pruebas al agua potable, que refutaron las mentiras publicadas por el portal.

El movimiento antiminero no descansa. Ha desplazado activistas en diversos lugares del país para detener la producción de cobre. El objetivo es confundir a la población con desinformación. El Gobierno de Martín Vizcarra ha señalado que para los proyectos en curso se establecerán acompañamientos, por parte del Estado, para informar mejor a la población sobre los proyectos. Vale decir que los antimineros ideologizados y rentados han ganado espacios importantes dentro de la población. ¿Qué hacer entonces?

La minería de talla mundial, establecida en Perú, ha demostrado largamente su dedicación por el medio ambiente. Hudbay, por ejemplo, después del denominado “cierre de mina” —luego de la construcción de la misma—- ha forestado el lugar con la participación de la comunidad. Asimismo, son numerosos sus aportes para actividades relacionadas con la educación, la salud y la economía de la localidad. Además, el descrédito de las actividades mineras es organizado en Lima, lejos de los distritos pobres del país.