La enorme trascendencia de respaldar a nuestros soldados y policías

Estimado lector, alguna vez usted se ha preguntado por qué la ofensiva del crimen organizado en Colombia, Ecuador, Perú y Chile simplemente, puso en jaque el Estado de derecho y la ley y el orden en estos países. Una primera respuesta en el Perú, por ejemplo, podría ser la siguiente: hubo un gobierno, un ministro del Interior, que se atrevieron a pasar al retiro a 18 oficiales generales con el objeto de controlar políticamente la policía nacional. Podría ser una respuesta. ¿Cuántos lustros y experiencia acumulada se fueron al tacho por la politización de la entidad policial? 

Sin embargo, este argumento, que puede valer para los regímenes chavistas desinstitucionalizadores, no sirve para los demás países. No obstante, en los demás estados hubo una regularidad: la acción de supuestas organizaciones de Derechos Humanos que desarrollaron una brutal judicialización y criminalización de la acción de las fuerzas armadas y policiales en el ejercicio de sus funciones constitucionales. 

En todas estas sociedades las supuestas oenegés de DD.HH. construyeron las narrativas acerca de que la utilización de la fuerza constitucional del Estado, prácticamente, era siempre un “uso desproporcionado de la fuerza”, y sobre esos relatos se modificaron los códigos penales y de procedimientos penales. De repente el absurdo progresismo había avanzado de tal manera que soldados y policías carecían de protección legal y constitucional alguna. Estas fábulas avanzaron de tal manera en la región que, por ejemplo, en octubre del 2019, una movilización de estudiantes en Chile quebró el Estado de derecho y el gobierno de Sebastián Piñera convocó a una constituyente. Las fuerzas de seguridad habían sido neutralizadas.

Los soldados y los policías, simplemente, estaban maniatados, amenazados, por la estrategia de las oenegés neomarxistas que participaban de la estrategia de poder de las izquierdas. En el Perú, el mandato de la Constitución, que establece que los delitos de función de las fuerzas de seguridad deben juzgarse en el fuero militar, se ignoró por ley, por los magistrados y por el Estado de derecho. Asumieron la fábula comunista acerca de que este criterio fomentaba la impunidad. Una tesis ideologizada de principio a fin. 

Un policía que asalta un banco o un general que le roba al Estado de ninguna manera cometen un delito de función. Un soldado que defiende un aeropuerto o un soldado que defiende activos estatales, en la hipótesis de que cometa un ilícito penal, si comete un delito de función.

La izquierda no solo torció la Constitución, sino que controló a un gran sector de magistrados muy ideologizados en el Perú. Bajo estos presupuestos nuestros soldados y policías padecieron una brutal persecución judicial de por vida, con juicios que se abrían, se cerraban, y se reabrían hasta el final de sus vidas. El almirante Luis Giampetri, un héroe nacional, por ejemplo, murió en plena persecución. Hoy varios ancianos militares siguen perseguidos en medio de sus lechos de enfermos. Semejante venganza del comunismo fue permitida por los peruanos de buena voluntad y la sociedad.

Hoy alrededor de 300 soldados y policías, algunos con prisión preventiva, padecen una nueva ola de persecuciones judiciales por haber salvado al Perú de la asamblea constituyente. Como todos sabemos, luego del golpe fallido de Pedro Castillo la izquierda bolivariana lanzó uno de los procesos insurreccionales más cruentos en la región: se intentó incendiar y destruir todos los aeropuertos del sur, mientras se bloqueaban las carreteras principales del país con el objeto de quebrar la economía y desabastecer a las ciudades. El objetivo: sembrar la desmoralización nacional –como en Chile– y presentar a la convocatoria de “una asamblea constituyente como una salida de paz”.

En la defensa de la Constitución, luego del golpe fallido de Castillo, hubo la lamentable muerte de alrededor de 60 peruanos. ¿Quiénes son los responsables? Los soldados y policías que resguardaron los aeropuertos y nos salvaron de la constituyente o las direcciones de los movimientos comunistas que organizaron y perpetraron estos ataques a los terminales aéreos. ¿Acaso nadie sabe que atacar un aeropuerto es un acto terrorista en la legislación internacional?

No es extraño entonces que el Perú esté perdiendo la guerra contra el crimen organizado. Algunos días, por ejemplo, las ciudades están despobladas de policías porque los efectivos se retraen en las comisarías. 

Si las organizaciones empresariales, los organismos de la sociedad, las centro derechas y los peruanos de buena voluntad no respaldan a nuestras fuerzas de seguridad, ¡cómo se puede imaginar una estrategia real contra el crimen organizado!