El indulto a Pedro Castillo alteraría la transición política en el Perú

La estulticia de la clase política peruana que posibilitó la censura de José Jerí y su reemplazo por José María Balcázar sigue alterando la transición política en el Perú de manera terrible. Por ejemplo, si Jerí hubiese estado en la presidencia de la República habría sido casi imposible que se acumularan las irregularidades e ineficiencias de la ONPE en la primera vuelta (al mediodía de la elección no se habían instalado el 30% de las mesas electorales) de los pasados comicios.

Hoy la absurda decisión de censurar a Jerí nos puede seguir pasando la factura con la eventual decisión de Balcázar de indultar a Pedro Castillo, ignorando los preceptos de la Constitución y las leyes que establecen con absoluta claridad que el indulto presidencial solo procede cuando el beneficiado de la gracia presidencial cuenta con sentencia firme. No es la situación de Castillo.

La posibilidad de recurrir a la reciente opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas para justificar un indulto tampoco resiste un análisis jurídico. La propia Cancillería peruana ha precisado que dicho organismo es un mecanismo no jurisdiccional del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, integrado por expertos independientes que emiten opiniones y recomendaciones, pero no sentencias obligatorias. En consecuencia, sus pronunciamientos carecen de carácter vinculante, no generan efectos directos en el ordenamiento jurídico peruano ni modifican las decisiones que corresponden adoptar a las autoridades nacionales competentes. 

El ex presidente fue sentenciado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración para la rebelión. Dicha sentencia fue apelada y actualmente el procedimiento se encuentra en trámite. En la medida que Castillo no padece una enfermedad terminal, igualmente, no puede acogerse a la figura del indulto humanitario.

Los argumentos constitucionales y legales son incuestionables. Sin embargo, el principal problema aquí es el político e institucional. Un indulto de Balcázar no solo complica constitucional y penalmente a Balcázar, porque es evidente que sería inhabilitado por el Congreso y luego imputado penalmente, sino que también enrarece la transición política del gobierno que, a estas alturas, debería ser impecable, más allá de las pataletas y los yapes de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú.

Se enrarece la transición política porque sobre la impericia y tozudez de quienes alentaron la censura de Jerí se pretende dar golpes y emboscadas, tal como aconteció cuando Balcázar intentó cancelar la compra de la flota de los F-16, una política de Estado que venía implementándose desde varios años atrás. En ese entonces Balcázar se consideró un rey, una autoridad sobre la Constitución, las instituciones, las leyes nacionales y los tratados internacionales. Hoy estamos ante la misma actitud frente a la eventualidad de conceder un indulto a Castillo.

Debemos precisar que, en este portal, no compartimos el punto de vista de un sector de la sociedad que suele cultivar un temor exagerado frente a los radicalismos. Por ejemplo, en las elecciones pasadas se tenía casi un miedo cerval frente a Antauro Humala. Hoy sabemos que Keiko Fujimori le ganó a Sánchez porque este desarrolló una alianza con Antauro y el Movadef.

Algo parecido sucede con Castillo. Ya sea en la cárcel o en libertad, el chotano no representa una grave amenaza para la democracia si es que la centro derecha hace todo lo que debe hacer, tal como sucedió en las últimas elecciones nacionales en donde la mayoría encumbró a Fujimori en el poder.

La amenaza de Castillo, a nuestro entender, se diluye más si consideramos que el gobierno de Keiko representará un cambio de época en el sentido de desarrollar una alianza del Estado con los pobres y los ricos, entre los excluidos y la riqueza nacional que produce el sector privado que no se convierte en agua potable y desagüe por el Estado burocrático y la descentralización fallida.

Hoy el Perú tiene una enorme riqueza que el sector privado paga a través de los impuestos, pero que no se convierte en agua potable por el saqueo de esa riqueza en los gobiernos subnacionales. Si la jefe de Estado logra revertir esta situación la izquierda empobrecedora, el discurso del castillismo, desaparecerá en la historia, tal como desapareció la izquierda durante la administración de Alberto Fujimori en los noventa, que materializó una alianza entre la inversión privada y los pobres del país. En ese entonces, el fujimorismo ganaba sobre el 60% de los votos en las provincias del sur y la izquierda apenas elegía un parlamentario.

Por todas estas consideraciones el presidente Balcázar de ninguna manera debe alterar la transición política con un eventual inconstitucional indulto a Castillo.