¡Golpe a la acreditación académica!

Se golpea inversiones privadas en colegios, institutos y universidades.

El ministro de Educación, Jaime Saavedra, acaba de expedir la resolución ministerial 218-2015- MINEDU, que cancela el masivo proceso de acreditación académica que impulsaban universidades, institutos y colegios a nivel nacional. La mencionada norma establece que solo podrán culminar los procesos de acreditación las carreras de universidades e institutos que estaban en proceso de evaluación externa ante el Sistema de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) hasta el 8 de abril pasado. ¿Qué significa semejante decisión?

Alrededor de 3,600 procesos de acreditación de carreras en universidades e institutos vuelven a fojas cero. Nadie entiende las razones de esta decisión, a menos que una vez más exista el criterio de que un grupo de burócratas concentre ahora el poder de determinar quién acredita o no. De una u otra manera, estamos ante la ratificación del criterio burocrático e intervencionista que animó la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria  (SUNEDU).

El sistema de acreditación del SINEACE recién empezó a operar hace 3 años no obstante que el sistema se organizó 8 años atrás. El mencionado sistema establece 97 estándares para acreditar carreras e instituciones, de los cuales se exigían 75 para una primera certificación, en tanto que los 22 restantes servían para reacreditar carreras. Para entender la rigurosidad del proceso vale señalar, por ejemplo, cómo se reacreditaba una carrera luego de tres años de una primera certificación: se exigía investigaciones, revistas indexadas a publicaciones académicas internacionales y un determinado número de Doctores en la docencia. De lo contrario, se eliminaba la primera acreditación.

Es decir, es un modelo de permanente evaluación y fiscalización académica que superaba en calidad a la tradicional certificación internacional que algunas universidades desarrollan. De allí que la mayoría de entidades educativas del país optaron por el modelo nacional de certificación.

Pero lo más importante del sistema de acreditación del SINEACE residía en que era un proceso de abajo hacia arriba. En la medida que los estándares eran públicos, las carreras de las universidades e institutos iniciaban un proceso de auto-evaluación hasta culminar los requisitos de la acreditación. Finalmente, la evaluación de una entidad externa consolidaba el proceso. El sistema era muy parecido al de Estados Unidos, país con excelentes resultados en educación superior.

Ahora bien, es evidente que asistimos a un golpe letal contra la inversión privada en la educación. La mayoría de universidades, institutos y colegios que habían iniciado los procesos eran emprendimientos particulares y, desde tres años atrás, estaban movilizándose masivamente para lograr sus acreditaciones.

Todo indica que la sombra del burócrata está detrás de todo este despropósito. En el Ministerio de Educación se estaría considerando un proyecto de ley para crear un Consejo Peruano de Acreditación Superior (COPAES) que solamente acreditaría a la educación superior marginándose a la educación básica. Pero los miembros de este organismo serían parte de la burocracia del sector.

Es difícil entender la vocación estatista y burocrática del sector Educación, sobre todo, si consideramos la reforma meritocrática que se implementa en la escuela pública y que ha merecido el reconocimiento de todos los sectores del país. Al parecer, en la burocracia del Minedu se considera que una reforma de la educación debe excluir al sector privado. En el caso de las universidades se nota a la distancia un marcado prejuicio en contra de las universidades privadas de excelencia que han entrado a competir abiertamente con las universidades públicas y asociadas de más antigüedad.

  29 - Abr - 2015