El segundo piso constitucional de la República

Sobre las discusiones para reformar la Carta Política

El congresista Javier Velásquez Quesquén propuso que el jefe de Estado se eligiera solo con el 40% de la votación (en vez de la mitad más uno) y, sobre la marcha, se reavivó el humor antifujimorista: el movimiento naranja supuestamente pretendía una reforma constitucional con nombre propio. Al margen de cualquier intencionalidad, es evidente que plantear reformas parciales como la sugerida por el congresista aprista acrecientan la confusión y el riesgo de seguir creando un Frankenstein constitucional.

A entender de este portal, la República necesita de reformas constitucionales urgentes, pero antes de avanzar en cualquier sentido se deberían cumplir dos requisitos imprescindibles: el diagnóstico y el consenso nacional alrededor de las reformas. Una primera aproximación en el diagnóstico tiene que ver con el reconocimiento de que nuestra democracia —como nunca en la historia— avanza hacia la quinta elección nacional ininterrumpida con la participación de todos los peruanos. Cualquier experiencia democrática previa estuvo caracterizada por la exclusión de las sociedades andinas. De otro lado, el marco económico constitucional ha permitido reducir la pobreza a un quinto de la población y expandir las clases medias como nunca.

Si partimos de estas aproximaciones es evidente que el marco económico de la Constitución es el piso de cualquier reforma. Esos fundamentos constitucionales explican la reducción de la pobreza, el surgimiento de una sociedad de clases medias, y la emergencia del sector privado más poderoso y democratizado de nuestra historia. Cualquier reforma en este aspecto, entonces, debería apuntar a ampliar las libertades económicas.

Pero en los últimos quince años de democracia la buena economía ha avanzado acompañada de una mala política. El espacio público se caracteriza por una extrema fragmentación, y la ausencia de una mínima idea de sistema de partidos ha creado una crisis general de representación de la República. ¿Qué hacer entonces? ¿Discutir porcentajes para elegir al jefe de Estado? No parece ser el camino apropiado.

Quizá la posibilidad de elegir al Congreso en una segunda vuelta para forzar alianzas, y una imagen de posible bipartidismo sea un camino. Quizá también sea otra posibilidad regresar al sistema bicameral para crear una asamblea más reflexiva y revisora, que atempere los exabruptos legislativos. En cuanto al sistema electoral, existen reformas urgentes que desarrollar para superar yerros conocidos. Es evidente también que para resolver la crisis de representatividad algo se debería hacer con la regionalización y la descentralización que, de una u otra manera, han contribuido a agravar la balcanización de la política.

En todo caso el quizá y los condicionales en este editorial tienen que ver con el hecho de que una democracia que pretende madurar y echar raíces de largo plazo, en camino a su quinta elección nacional sin sobresaltos constitucionales, debería desarrollar sus reformas constitucionales sobre la base de una amplia discusión nacional que construya consensos y acuerdos nacionales. En otras palabras, no parece posible pensar un segundo piso constitucional para la República al margen de grandes convergencias nacionales. Una ruta diferente es una irresponsabilidad con la consolidación republicana.

En medio de estas tendencias centrífugas de la política peruana, el fujimorismo parece expresar un impulso contrario. Ante la extrema fragmentación aparece como la única fuerza realmente existente. La mayoría absoluta naranja en el Legislativo crea una paradoja histórica: si el fujimorismo convoca al país e impulsa acuerdos nacionales para organizar el segundo piso constitucional de la República asociará indudablemente su identidad política a la democracia, a la primera República que se consolida con la participación de todos los peruanos. Una tremenda paradoja porque el antifujimorismo no le reconoce méritos al fujimorismo y solo pretende arrinconarlo en el pasado autoritario.