El Perú no puede enfrentar la emergencia con el Estado de la burocracia

El Perú está a menos de diez semanas para que empiece a llover con fuerza y el fenómeno de El Niño desate todas las devastaciones que se han proyectado. Según el Indeci las regiones más afectadas por el evento climático serán Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima Metropolitana y Lima provincias, Áncash, Huánuco, Tumbes, Arequipa y Cajamarca.

Las cifras son aterradoras. Se proyecta que más de nueve millones de personas estarán en riesgo muy alto. Asimismo, 1.2 millones de personas se convertirán en damnificados en estado crítico (un millón por inundaciones y 200,000 por deslizamientos de las laderas). Por otro lado, el fenómeno climático causará pérdidas por US$ 3,500 millones en los diversos sectores de la economía, una suma que representa alrededor del 0.5% del PBI.

Con la tragedia que causará el evento climático es incuestionable que el Estado está en anarquía, destruido y desorganizado en medio de una burocratización que haría alidecer a cualquier régimen soviético del pasado. En el Perú, por ejemplo, la burocracia impide que las geomallas que se compraron para levantar defensas ribereñas se utilicen por falta de un procedimiento. Las declaratorias de emergencia de un distrito requieren una serie de procedimientos que causan estupefacción. En cualquier caso, tal como lo ha informado el Ejecutivo, estamos a semanas de la plena emergencia con más de 300 kilómetros de ríos por descolmatar.

En este contexto, los ciudadanos de las regiones comienzan a denunciar que el dinero para la emergencia ya está en los gobiernos subnacionales, pero existe poca obra en marcha. Y si a este contexto le sumamos la frivolidad de la izquierda extremista que, de espaldas a la tragedia que se avecina, se dedica a interpelar y distraer ministros de sus funciones en la cámara de Diputados, entonces tenemos el cóctel perfecto para la inacción.

Las cosas están claras. El Ejecutivo no tiene tiempo que perder. Por ejemplo, al mismo tiempo que presenta el proyecto de delegación de facultades para legislar por 120 días debe promulgar todos los Decretos de Urgencia necesarios para enfrentar la aterradora emergencia económica y agilizar procedimientos de contratación e inversión pública.

Sin embargo, creemos que una concepción central debería atravesar la acción gubernamental. Es imposible que bajo el Estado burocrático se pueda atender mínimamente la emergencia. Imposible. En ese sentido, a través de cada Decreto de Urgencia se debe iniciar e implementar la reforma del Estado de la burocracia que la izquierda ha organizado en las últimas décadas en el país.

Por todos es sabido que el fin de la burocracia en el Perú pasa por fomentar la participación de la sociedad, las poblaciones y el sector privado en el planeamiento y el desarrollo de la obra pública. Un objetivo de este tipo requiere simplificar procedimientos y reducir oficinas, aduanas y peajes en los trámites. Las semanas que faltan para que se desencadene el evento climático y el retraso de las obras obligan a hacerlo.

A nuestro entender, convocar a la sociedad implica movilizar la gerencia y conocimiento del territorio que tiene el sector privado, que crea riqueza en las provincias que están registradas en los mapas de riesgo del evento climático, e igualmente implica movilizar a las organizaciones de la sociedad. Por ejemplo, la Junta de Usuarios del Agua –que suele reunir a las poblaciones, empresas y el propio Estado– conoce más que nadie cuál es la urgencia de avanzar en la descolmatación de los ríos y en qué zonas del cauce se debe poner la prioridad. Asimismo estas organizaciones saben por dónde se deben desviar los cauces.

Hoy la posibilidad de atender con eficacia la emergencia que sobrevendrá en las próximas semanas inevitablemente pasa por empezar a cancelar el Estado burocrático.